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Albero potosino / por: Emmanuel del Toro /foto Héctor M Guevara

¿Será otra vez la misma historia? Los efectos políticos del terremoto de 1985.

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La destrucción provocada por el sismo de 1985, cambió para siempre la fisonomía y la vida de la Ciudad de México, así como la propia dinámica político institucional del país, como pocos eventos lo han hecho en toda su historia. La misma catástrofe natural que arrasó inmuebles, cobrándose la vida de miles de personas, sería la que precipitó el derrumbe del PRI en la capital del país; a partir de dicha hecatombe, se desencadenaría un cambio democrático sin precedentes.

 

De los escombros de la incompetencia gubernamental para atender la emergencia, una vigorosa sociedad civil hubo de salir al paso, lo mismo para remover escombros, que para asistir a los heridos y reorganizar la ciudad. Nunca antes se había visto nada parecido.  ¿El resultado? México entero no volvería a ser jamás el mismo; del viejo sistema político de partido hegemónico, originado por la revolución de 1910, donde la oposición apenas si tenía la posibilidad de contender en elecciones y mucho menos de ganarlas, la sociedad fue reclamando cada vez mayor partición: así fue como México pasó –por decirlo de algún modo cuasi poético–, del shock por el terremoto, a ser parte (junto con una treintena de países más), de una vertiginosa ola de democratización

En el caso de nuestro país, lo inevitable ocurriría: un importante caudal de victorias políticas iría cercando a un régimen autoritario, que hasta entonces se había mostrado como el más estable del continente, por su capacidad para canalizar y eludir, según su conveniencia, las demandas de su ciudadanía, gracias a su importante habilidad para redistribuir bienestar material. Sin embargo, tan pronto la capacidad económica del régimen se erosionó, las demandas de libertad política en nuevos recursos institucionales no se hicieron esperar.

 

Aquel 19 de septiembre de 1985, supuso el inicio de la cuenta regresiva para el régimen autoritario. El significativo conjunto de cambios que se vieron a partir de las elecciones federales de 1988, las primeras, –desde que el PRI apareciera en 1929–, donde con todo y la fuerte sospecha de fraude, la política nacional tal cual se conocía, sufriría un duro revés, toda vez que el régimen se vería obligado a partir de entonces, a establecer una intermediación constante con una oposición cada vez más fuerte y organizada.

 De ahí que en poco más de una década, el país vería cualquier cantidad de cambios político institucionales; iniciando con el surgimiento del primer gobierno de oposición a nivel estatal en Baja California, con Ernesto Ruffo; la formación de un órgano electoral autónomo (IFE, hoy INE), mismo que le otorgo mayor legitimidad a la propia organización de las elecciones; o el surgimiento de órganos autónomos a complemento en cada entidad del país; y el no menos importante afianzar del multipartidismo; así como el otorgamiento de financiamiento público. Tales cambios traerían aparejados transformaciones aún más profundas, las cuales dieron como resultado, que en 1997 el PRI perdiera por vez primera en su historia, la mayoría en el Congreso. Logro complementado en 2000, con la llegada al poder del primer gobierno de alternancia a la presidencia del país.

 Sin embargo, ninguno de las transformaciones hasta aquí rememoradas habría sido posible, sin aquel vigoroso despertar de la ciudadanía que se diera como resultado del terremoto de 1985. Al siniestro ocurrido por el sismo, le sucedió una pasmosa incapacidad del gobierno por atender la devastación causada. De ahí que fuera la propia ciudadanía la que tomara el control del espacio público, como nunca antes se había visto.

 

Si bien es cierto que el ejército y la policía terminarían asistiendo la espontanea acometida de miles de ciudadanos que solidarios se volcaron a las calles, la gran realidad es que fue la propia sociedad civil la que hizo la diferencia (con más voluntad que conocimiento). Tan importante sería la labor emprendida por los ciudadanos, quienes entre comités de participación vecinal; comedores y albergues; asociaciones civiles; cuerpos de brigadistas; cooperativas y un sin fin de esquemas  terminarían sembrando las semillas de la democracia en México.

Y es que al recuperar –por la urgencia del terremoto–, la dimensión del espacio público, sería el ciudadano común el que tomaría un papel definitorio en el desmantelamiento de un sistema político autoritario, que jamás comprendió cuánto había cambiado el perfil social del país: México pasó en el lapso de 50 años, de ser un país rural con apenas escolaridad, a ser una potencia emergente, con una sociedad mayoritariamente urbana, y donde la gran mayoría sabía cuando menos, leer y escribir, sin contar que nuestro desarrollo económico se había vuelto tan complejo, que era prácticamente imposible que se mantuviera el abigarrado proteccionismo que le caracterizó por décadas.

 Ese despertar de conciencia entre la ciudadanía, trajo como consecuencia que los espacios de poder a los que el Estado renunció de súbito con el terremoto, lo mismo por desgaste político, que por incapacidad operativa, fueran paulatinamente ocupados por ciudadanos deseosos de incidir en el hacer de las decisiones públicas. Como era de esperarse, el primero de esos grandes reclamos, sería la formulación de condiciones más equilibradas para la propia formación de autoridades. Se decía entonces, que la posibilidad de que cualquiera pudiera contender (en condiciones medianamente parecidas), por los mismos puestos de elección, que durante décadas fueron monopolio del PRI, daría la oportunidad de corregir los excesos que su larga permanencia en el poder había generado.

 Sin embargo, más pronto de lo que se pensó, en la misma medida que se fueron abriendo las posibilidades para que la competencia electoral fuera lo más libre, justa y competitiva posible, los nuevos gobiernos emanados de aquella corriente democrática originada con el terremoto de 1985, comenzaron a exhibir vicios muy parecidos a los de los gobiernos del propio PRI. De ahí que en apenas 20 años, el ciudadano común pasara de la algarabía por el advenimiento de la democracia, a la decepción y el disgusto de sentir que no le basta con poder elegir libremente a sus gobiernos.

 Hoy la cosa no podría ser menos preocupante, vivimos una época de enormes contrastes institucionales y creciente disgusto civil, porque a la vez que nunca como antes la celebración de elecciones libres, justas y competitivas se ha vuelto la norma en casi todo el país, la clase de gobiernos que de este tipo de procedimientos han resultado, se han visto envueltos de forma rutinaria en todo tipo de escándalos de corrupción y abuso de autoridad.

 Al día de hoy, no pocos creen que a nuestra democracia “algo le falta” y no es para menos, ese generalizado sentimiento de disgusto, porque para decirlo con toda claridad, si algo pone en evidencia la historia política reciente de nuestro país, es que: no todos los que participan del juego democrático, esperan realmente conducir sus decisiones en los causes institucionales de una democracia. Antes bien, cabe la inquietante posibilidad de que entre los llamados “demócratas”, se cuelen –por decirlo de algún modo–, elementos cuya lógica decisional carece de los atributos legalistas que un democrático ejercicio del poder debiera tener.

 La pregunta que prevale en ese sentido, es: ¿en vista de los efectos políticos que el terremoto de 1985 tuvo sobre el hacer de nuestra vida pública, iremos a correr otra vez con la misma suerte de lo ocurrido hace más de 30 años? Quizá sea todavía muy pronto para vislumbrar una respuesta siquiera tentativa; pero si he de confesar, que al menos en lo personal, me gustaría creer que sí: es tiempo de mostrar si como toda la vida se nos ha dicho, la historia con frecuencia se repite. Vayamos pues por una segunda democratización, está vez del propio ejercicio del poder, México lo merece y lo exige.

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