Caso Córdova, será denunciado ante instancias internacionales

Ya fue denunciado ante la Federación.

Culpan de los abusos directamente a la Arquidiócesis.

Por Ruth Berrones Casasola.

Fotos: Francisco Javier Rodríguez

Integrantes de la Arquidiócesis de San Luis Potosí son directamente responsables en el caso de presuntos abusos cometidos contra niños y jóvenes, por el sacerdote potosino Eduardo Córdova Bautista, por lo cual las víctimas presentaron una denuncia ante instancias federales y  lo harán ante instancias internacionales, solicitando que se actué también en contra de quienes incurrieron en omisión al conocer de los casos.

Alberto Athié Gallo, ex sacerdote iniciador de esta investigación, quien apoya a varias de las presuntas víctimas del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, dijo en conferencia de prensa, donde se presentaron los testimonios de dos víctimas del sacerdote, que están siendo apoyados también por la organización  Iniciativa Ciudadana, que agrupa a padres de familia en San Luis Potosí, y que es  presidida por Luis Nava Calvilllo.

Rreveló que en 2008 la Arquidiócesis potosina inicio un procedimiento en contra de Córdova Bautista, y  “el Arzobispo Romero Cabrero reconoció que este caso llevaba diez años en análisis  por parte de la Santa Sede para determinar si era o no responsable, en tanto que la Arquidiócesis potosina le abrió un proceso al padre en 2008 y lo exoneró de toda responsabilidad, con el argumento de que se trataba solamente de declaraciones verbales “.

Por ello, Athié Gallo considero que también se debe fincar responsabilidad en contra de quienes conocieron estos casos y los delitos cometidos por Córdova Bautista, y no actuaron al respecto, y señaló como directamente responsable a la Diócesis de San Luis Potosí.

“Parte de la denuncia tiene que ver con fincar  responsabilidad institucional de quienes teniendo información , muy fuerte, y muy clara, no informaron a la autoridad correspondiente para que este señor fuera detenido y se abriera una investigación sobre sus actos. Ahí habrán de hacer la investigación, en la que que dependerá si  la Arquidiócesis es responsable de protección y encubrimiento”, manifestó el ex sacerdote Athié Gallo.

Aseguró que ya no hay confianza en los integrantes de la Diócesis local, debido a este caso y por no actuar en contra del sacerdote presunto peredasta: “Lo que nos hemos encontrado son las declaraciones del vocero de la Arquidiócesis,  del padre Priego, donde no podemos ya tener confianza porque ha faltado  a la verdad. Originalmente dijo que no se tenían los documentos; posteriormente dijo que si existían;  en la última conferencia  dijeron que efectivamente si existía el documento  y  que el padre Córdova estaba en la ciudad de San Luis. Ya no tenemos la confianza en la vocería ni en el padre Priego “.

Ante la falta de actuación de autoridades eclesiásticas locales y civiles, algunas de las victimas presentaron ya su denuncia ante la Procuraduría General de la República, y los afectados serán atendidos y apoyados por la Comisión de Atención a Victimas, pero pidió al gobernador Fernando Toranzo que actué en el ámbito local.

“Le pido al Gobernador que ya expreso que no encubre a nadie, que si está dispuesto a que todo se realice conforme a derecho, que el Procurador actúe,  no solicitando información, sino requiriendo a la Arquidiócesis que entregue esta información”.

Athié recalcó que se buscará que se instituya la figura del delito de pederastia, porque no está previsto en las legislaciones locales ni federales, y se buscará hablar con los diputados para ello, “Existe el caso de estrupo, de abuso, de acoso pero no el delito de pederastia, y se presentará la iniciativa tratando de hablar con los diputados, y veremos qué resultados tenemos  para poder castigar de alguna  manera en lo local”.

Para evitar que el sacerdote Cordova Bautista se sustraiga a la aplicación de la justicia , Athié dijo que se le debería de arraigar, ya que desde su punto de vista “hay  un riesgo; la  autoridad que es superior debería de exigirle por lo pronto  permanecer en su domicilio, para que sea en su momento requerido por la autoridad competente, pero en términos  legales y frente a una presunta responsabilidad  no hay ninguna coacción ni obligación de mantenerlo bajo resguardo“, concluyó.

 

 

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