Josefina Lara Saucedo, fungía como subdirectora del Instituto Registral y Catastral del Estado, cargo del que fue destituida, luego de descubrir la serie de actos corruptos que lleva a cabo la Directora General del organismo Margarita Guerrero Ortiz, entre ellos el desvío de 25 millones de pesos a través de la simulación de un proyecto federal.
El 11 de diciembre del año, Lara Saucedo presentó una demanda laboral por el despido injustificado que ordenó Guerrero Ortiz, quien además la agredió verbalmente en reiteras ocasiones, según relata el documento entregado a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
«Con fecha 5 de julio del 2018 se encontraba incapacitada por cirugía la lic. Margarita Guerrero Ortiz. Por lo cual se me encomendó el despacho de los asuntos de la dirección del Registro Publico de la Propiedad. Es el caso que ese día se presentaron los CC. Beatriz Arango Flores representante legal de la Empresa que obtuvo la licitación del programa de modernización del sistema Registral y Catastral, del ejercicio fiscal 2016 para el hoy Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, y que se desarrollo durante los años 2016 y 2017, también iba acompañada del Ing. Heriberto León Coronado, asesor de proyecto, y del Ing. Francisco Garrido quien al parecer es el dueño de la empresa que desarrollo dicho proyecto», se puede leer en el escrito.
«Ahí comentaron diversas problemáticas en cuanto al cierre del proyecto, estableciendo que por diversas circunstancias y diferencias con un tercero, respecto el desarrollo del programa no se podía entregar para su cierre lo que el contrato establecía. Es decir había problemas y querían llegar a un acuerdo con el instituto», afirma.
Además de esto, Guerrero Ortiz, ejecuto la compra ilegal de unos terrenos en San Juan de Guadalupe, comunidad con serios problemas de despojo y tenencia de la tierra, mismos que pretendía regularizar, a través de su subordinada, pues ésta es comunera en esa zona.
«A principios de octubre del año 2018 cuando ella regreso a la actividad laboral, me empezó a cuestionar respecto a unos terrenos que había comprado a José Llanas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí, donde la suscrita es comunera titular y de que manera podía regularizarlos. Que los pusiera a mi nombre y luego se simulara un traslado de dominio otra vez a su nombre. Le comente que ese era un trámite o procedimiento en Asamblea y que se buscara un trámite conforme a la ley. ESo le molesto muchísimo y nuevamente me agredió verbalmente. Desde ahí, todos los días de trabajo donde me veía me exigía me fuera, que renunciara. Argumentando lo de la vista de la empresa que señale al inicio y lo de los terrenos».
Los integrantes del Frente Amplio Opositor, tuvieron acceso a esta información y sirvió para impulsar la investigación, en donde constataron la simulación del proyecto encaminado al Programa de Modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, el cual contó con una partida presupuestal de 25 millones de pesos, otorgados por la Federación y el Estado.
