Recientemente en la Huasteca, se ha emprendido por funcionarios del INPI y un afiliado a MORENA, llamado Juan Rubio; una campaña que busca desprestigiar a diversas personalidades, entre ellas a su servidor. ¿Pero qué hay detrás de esta campaña sucia? ¿Por qué tanto brinco si el suelo está tan parejo?
Como parte de la IV transformación que vive México, el Gobierno Federal, impulsó la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para sustituir a la CDI y para ello, en noviembre del año pasado, realizó una consulta nacional, misma que cuestionamos por su rapidez, su metodología y su poca cobertura. Solo fueron 10 eventos a nivel nacional, uno de ellos en Cd. Valles. En dicho evento, dimos un posicionamiento reiterando la defensa de la vida, el agua y el territorio; ante la amenaza de megaproyectos de generación de energía, exploración y explotación de hidrocarburos, hidrológicos y carreteros.
El INPI, logra instituirse el 4 de diciembre de 2018 y el día 6 del mismo mes, diversas representaciones indígenas de la Huasteca, presentan personalmente al Director General de dicho organismo, una propuesta avalada por un sin número de comunidades, para reestructurar la representación en el Estado. En esa reunión de trabajo, el Director General explicó que se realizaría una evaluación del personal; para ello, provisionalmente se dejaría como encargados de las oficinas, a los administradores estatales y se definiría un perfil del personal requerido, que considerara atributos para tener a personas indígenas en dichos cargos: Por cierto, a la fecha, no se ha dado respuesta a esta iniciativa.
En esa misma reunión además se propusieron líneas de acción e iniciativas de ley para prohibir la fracturación Hidráulica (Fracking), y una Ley ciudadana del agua, mismas que se han venido trabajando regularmente con funcionarios públicos del INPI, en diversas sesiones, realizadas en la Cd. de México. Porque si bien, el Presidente de la República, ha manifestado que no habrá “Fracking” en su Gobierno; también es necesario pasar de la palabra a la Ley, para lograr su prohibición. Siete veces, el Presidente de México, ha dicho “No al Fracking” y otras tantas; mientras que la Secretaria de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, han dicho lo contrario. más aún, en el presupuesto de egresos de la Federación del presente año, están presupuestados, recursos para proseguir con esta destructiva técnica, y a la fecha hay estados donde ya se practica. En ese mismo tenor, resulta urgente contar con una Ley del Agua, que garantice el agua como un derecho, y cuyo manejo se posesione en manos de la población, y no de consorcios privados.
Quien tenga el descaro de minimizar estos problemas, es porque ignora, engaña a la población o bien, sirve al despojo que entrañan estos problemas.
Recientemente, el 10 de marzo del año en curso en el marco de la Consulta del Plan Nacional de Desarrollo, volvimos a cuestionar al INPI, por lo apresurado y limitado de la consulta, así como por no contar con los medios suficientes para garantizar la participación y la inclusión de las representaciones comunitarias de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y tercera edad; en el foro realizado nuevamente en Cd. Valles.
Pero más grave aún fue que, en el marco de este Foro de Consulta, sorpresivamente y sin mediar nombramiento alguno, se auto presenta como representante del INPI en el Estado, el Sr. Godoy, ex funcionario de la CDI. A lo cual, inmediatamente es cuestionada dicha acción y el pleno del Foro, al que asistieron más de 900 personas, se exige que esta representación corresponda a un hablante de algunas de las lenguas originarias del Estado, y como prueba de ello, ahí están los videos en redes sociales, para constatarlo. A partir de ahí se enturbio todo.
Con esto, a exigencia de diversas representaciones indígenas, se solicita: Una entrevista con el Director General y aclarar esta supuesta designación.
Ya que, el 19 de marzo, al acudir a la ciudad de México, unas decenas de representantes indígenas, a las oficinas del INPI en México, el propio Coordinador Nacional de las Oficinas de Representación y el Secretario Particular del Director General del INPI, dejaron claro y explícito que: No hay nombramiento alguno, y que los criterios para designarlo, son:
- Que sea hablante de la lengua,
- Que sea originario de alguna de las regiones indígenas del Estado,
- Que preferentemente cuente con estudios de licenciatura,
- sea una persona de probada probidad, es decir, respetusosa de la ley, la moral, asi como de la ética.
- Que cuente con el aval de las comunidades indígenas.
También, agregaron que es plena facultad legal del Director General, dicha designación.
Sin embargo, se les argumentó, que de conformidad al apartado “B” del artículo 2º Constitucional; esto también se tiene que hacer conjuntamente con Las Comunidades Indígenas. Volviendo a ratificar las propuestas presentadas para su análisis.
El hecho de que se haya intentado de encumbrar y nombrar el Sr. Godoy, en la representación del INPI en el Estado, es un acto que se encuentra ya cuestionado legalmente, y que resulta inviable, pues no reúne los requisitos que el INPI, plantea:
No es hablante de alguna de las lenguas originarias del Estado,
- No es originario de alguna de las comunidades o regiones del Estado,
- es ya cuestionable que sea una persona de probada probidad al actuar de mala fe, al pretender autonombrase representante del INPI en el Estado, y además de,
- No contar con el aval de Las Comunidades Indígenas.
Ante esto, son desesperadas las maniobras, la desinformación y las calumnias para descalificar a las personas que nos hemos atrevido a cuestionar estas prácticas de oportunismo, falta de ética y de legalidad.
