Los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí enfrentan grandes desafíos frente a las amenazas que los gobiernos neoliberales dejaron durante los últimos 36 años. La incursión agresiva de proyectos mineros, termoeléctricas, gasoductos, trasvase de ríos, supercarreteras, la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimiento convencionales y no convencionales (fracking), entre otros, implica un proceso de despojo y destrucción de sus recursos naturales.
A partir de la reforma energética de 2013 y la pretensión de aplicar la fracturación hidráulica (fracking) en la huasteca potosina ha unido a prácticamente todas las comunidades y organizaciones indígenas con el claro objetivo de defender el territorio, el agua y la vida, lo que ha acarreado al movimiento una solidaridad muy amplia dentro y fuera del estado.
En este contexto, el cambio de gobierno y la creación del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), trajo un respiro al movimiento indígena en la región, que sin bajar la guardia, mantiene la esperanza en que dicho instituto se ponga realmente en manos de las comunidades y pueblos originarios como plataforma para impulsar el empoderamiento comunitario, el fortalecimiento de las coordinaciones intercomunitarias municipales, el ejercicio de la libre determinación y autonomía, la construcción y desarrollo de sus planes integrales de desarrollo regional con identidad cultural y, por supuesto, detener el fracking y todos los devastadores megaproyectos en curso o por implementarse en la región.
Foto/ Héctor M Guevara
Ello supone que la conducción del INPI en San Luis Potosí debe estar integrada por personas probas, que hablen y escriban el idioma materno, que cuenten con amplia experiencia y conocimiento de la problemática indígena, que hayan demostrado en la práctica un alto compromiso social y conocimiento de los derechos indígenas y sean producto del consenso social.
De otra manera, si este instituto carga con los vicios de la vieja CDI en su composición y en sus compromisos sociales prácticos, con personas sin experiencia y sin compromisos de fondo y verdaderos con las grandes necesidades de los pueblos y comunidades indígenas de la región y del estado en la protección de sus territorios, el agua, la vida, sus derechos colectivos y un modelo de desarrollo regional, integral, sustentable y con identidad construido desde abajo, no serviría de nada para la 4ª Transformación que el gobierno federal se plantea.
Por eso, es legítima la exigencia que se le hace al directos nacional del INPI en el sentido de que se procese el nombramiento de los principales mandos a nivel estatal, centros coordinadores y de la radiodifusora, con la participación de las comunidades en la selección de los mejores perfiles para atender los grandes desafíos antes mencionados. Sin duda que este procesamiento en la selección de dichos mandos, ayudaría enormemente a los propósitos del gobierno de AMLO para consolidar una base social fuerte y blindar de proyectos neoliberales a los territorios indígenas.
No hay motivos para pensar que dicha exigencia tiene que ver con la satisfacción de intereses personales, ni porque sea una postura que busque debilitar al gobierno federal. Al contario.
Los que se enojan por esta propuesta es porque ya se estaban acomodando, tal y como se había estilado hasta ahora: por amiguismos, parentelas y compadrazgos. Eso sí debilita las mejores intenciones de AMLO.
Nunca habían vociferado tanto como lo hacen hoy contra este movimiento de los pueblos y comunidades indígenas, ni siquiera durante el largo proceso de lucha en contra del fracking y megaproyectos de muerte y la defensa de los derechos indígenas habían pronunciado palabra alguna en contra de los gobiernos neoliberales.
Si ahora los que calumnian a varios de nuestros compañeros que han entregado su tiempo y energía a cambio de ningún beneficio personal, salvo la satisfacción de lograr el bien colectivo, es porque ya estaban repartiéndose los cargos sin mediar criterios éticos, políticos y morales necesarios para cualquier transformación.
Es claro que los responsables de implementar las acciones del nuevo gobierno federal en el estado tienen serias confusiones o desconocimiento de las nuevas relaciones que se deben construir entre éste y los pueblos indígenas. Pues siguen pensando que dicho Instituto es una dependencia más, desconociendo sus lineamientos y los derechos indígenas.
Han dejado clara una actitud colonizadora, discriminatoria y convenenciera al pretender imponer al delegado de esta nueva institución, y por consiguiente, acomodar a amigos, cuates o familiares en los centros coordinadores náhuatl, tenek y Xi’oi, así como en las distintas áreas operativas, repitiendo las prácticas del viejo régimen. Evidentemente que eso no contribuiría a sentar las bases para detener los proyectos neoliberales en curso que es lo que más preocupa a las comunidades.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que con los pueblos indígenas se tiene una deuda histórica que hay que saldar, y también ha insistido en que la acción gubernamental no se debe partidizar. Pero parece que aquí en San Luis Potosí, las ambiciones de quienes están al frente están muy alejadas de los postulados del presidente de la República. Flaco favor le hacen.
Por estas razones, de manera respetuosa, hemos solicitado al Director Nacional del INPI, Adelfo Regino Montes, que escuche con mucha atención a las genuinas representaciones indígenas del estado y tome en cuenta los criterios que éstas proponen para la integración de la estructura de este Instituto, pues los desafíos del mismo son enormes ante los grandes rezagos históricos de los pueblos indígenas y ante el proceso de implantación de los megaproyectos neoliberales devastadores de los recursos naturales y violatorios de los derechos humanos y colectivos.
29 de marzo de 2019
