marzo 29, 2024

marzo 29, 2024

Para evitar la coacción, diputado panista pide no entregar recursos de programas sociales en efectivo

Al evitar que los recursos de programas sociales se entreguen en efectivo, será posible establecer un blindaje de la política social, porque así será más complejo condicionar a los beneficiarios de los mismos a una eventual “coacción electoral”, aseveró el diputado Rubén Guajardo Barrera

“La transparencia en el manejo de recursos públicos se favorece si apostamos por realizar estas operaciones de transferencia de dinero público a través de mecanismos que siempre dejan una huella digital, y que además propician un manejo más institucional y menos “providencialista” del erario”, añadió el legislador, quien presentó una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El objetivo es establecer que en municipios con más de 100 mil habitantes, en ningún caso, la entrega de los recursos públicos de programas sociales se realice en efectivo, sino que ese dinero deberá entregarse a través de transferencia a tarjeta bancaria asignada ex profeso al beneficiario del programa, para blindar la política social de nuestra entidad de actos de corrupción.

La iniciativa presentada señala en su exposición de motivos que la medida de disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales permite, entre otras cosas, combatir la corrupción, porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria.

Ello además ofrece mejores elementos para combatir el fraude fiscal, y conductas de acumulación tendientes al enriquecimiento ilícito, e incluso esos recursos podrían emplearse en procesos electorales para actividades ilegales como la compra de votos o la coacción política.

Tras las reformas para crear el Sistema Anticorrupción, se considera importante seguir construyendo candados a la corrupción, así como acotar la permisividad de conductas que facilitasen prácticas de malos manejos financieros, al a vez de poner freno a que esos actos pudiesen seguir cometiéndose a futuro, con independencia de seguir persiguiendo los que ya ocurrieron

En los casos que se han documentado casos de corrupción, la constante es que en muchos de ellos, el modus operandi, se lleva a cabo con dinero en efectivo, pues las operaciones digitales dejan una huella fácilmente rastreable.

La bancarización de fondos públicos, advirtió, es una decisión que no puede tener un carácter universal dado que, en nuestro estado, por ejemplo, son grandes las diferencias entre los municipios altamente urbanizados, con aquellos cuyos indicadores de marginación y pobreza son de los más altos del país.

Por ello, la iniciativa pretende establecer la restricción de entregar los apoyos de los programas sociales en efectivo, sólo en municipios con más de 100 mil habitantes, supuesto que abarcaría solamente la Capital con poco más de 824 mil; Soledad de Graciano Sánchez con 309 mil; y Ciudad Valles con 177 mil. Muy cerca, si no es que ya se encuentran en ese supuesto, estarían los casos de Matehuala con 99 mil; Rioverde con 94 mil y Tamazunchale con 92 mil habitantes.

Para instrumentar la propuesta, en los artículos transitorios se establecerá que, para identificar a los municipios con población mayor a 100 mil habitantes, el dato se constatará con el último censo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con base en esas propuestas, la iniciativa de Guajardo Barrera fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para que se lleve a efecto el análisis correspondiente.