Las huellas de un cobarde abuso de poder
San Luis Potosí. (Redacción)-La que fuera hasta hace unos días oficial 11 del Registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández, exigió la destitución del secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, y de los funcionarios que participaron en el desalojo violento e ilegal, violando sus derechos humanos.
La abogada afectada dijo que el pasado lunes llegó una persona para destituirla en el cargo y se negó a irse, ya que tiene el nombramiento por parte del obierno estatal, y trató de marcarle a la titular el Registro Civil, Luz María Lastras pero ya la habían bloqueado; para que posteriormente llegaran los elementos de la policía municipal a desalojarla.
Manifestó que a los elementos policíacos les pidió que no utilizaran la violencia porque padece de ataques epilépticos y estaba en tratamiento contra el cáncer, pero ordenes son ordenes e hicieron caso omiso, la arrastraron y golpearon para sacarla de las oficinas como se muestra en el vídeo que circula en redes sociales y en los medios de comunicación, para después con toda impunidad fue llevada a la barandilla municipal cuál vil delincuente, la abogada recuerda que durante el trayecto los elementos policíacos apenados le solicitaron una disculpa ya que supuestamente “no querían participar en el desalojo pero supuestamente los «obligaron”.
La abogada María Teresa Carrizales aseguró que no puede ser destituida del cargo, ya que sólo se podría con un juicio y pese a esto tiene derecho a impugnar y hasta ampararse, por lo que los hechos que se presentaron en su contra son ilegales.
Señaló que debido por estos sucesos ya presentó una denuncia penal contra el alcalde Xavier Nava Palacios y el secretario general del Ayuntamiento capitalino Sebastián Pérez García, además pide la destitución de los funcionarios que participaron en el desalojo violento.
Dos tipos de cuidado
También presentará una solicitud de juicio político contra Xavier Nava Palacios y que, hará todo lo que esté a su alcance para que no sea candidato a la gubernatura, ante la cadena de irregularidades y corrupción que hay en su administración.
