**Debatirán diputados desaparición de fideicomisos el próximo 6 de octubre.

 Graciela Machuca Martínez*

La decisión unilateral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de administrar bajo su cuenta y riesgo los recursos públicos destinados a más de 109 fideicomisos creados para garantizar el presupuesto para necesidades esenciales de diversos sectores poblacionales dejará en la desprotección total a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, víctimas del delito, así como de violaciones  a derechos humanos, incluyendo sectores de la ciencia, la cultura, el cine, la educación, entre muchas otras áreas.

El presidente y sus emisarios en la Cámara Federal de Diputados, así como en el Senado de la República, sostienen que los 68 mil millones de pesos que se destinan actualmente a esos fideicomisos  se utilizarán para gastos generados por la pandemia de la Covid-19, así como para entregarlos  a las personas más necesitadas.

Desde luego que se requieren muchos recursos para atender la crisis generada durante la pandemia, así como para atender requerimientos de la población necesitada del país, que cada día suman millones, pero no se pueden utilizar los criterios populistas que utilizó Luis Echeverría Álvarez en la década de los setenta del siglo XX para crear programas asistencialistas a cambio de que las urnas electorales se llegaran llenando a favor del entonces Partido en el poder, el Revolucionario Institucional, una práctica trasnochada que el actual titular del Poder Ejecutivo Federal no quiere dejar atrás.

Insiste en que esos Fideicomisos han sido un nido de corrupción, lo cual nadie duda de ello, pero sin evidencias no se puede acusar y mucho menos destruir instituciones que a la sociedad mexicana le han costado muchas adversidades. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido incapaz de integrar carpetas de investigación  por medio de las cuales demuestre que hay corrupción y desde luego que la existe, pero al Ministerio Público le corresponde probarlo.

 

GOBERNAR CON RUMORES

De esta manera el presidente de la República gobierna con rumores, con dichos, con suposiciones, formas de gobernar que nada tienen que ver con un estadista, como se suponía que era López Obrador, quien ha heredado de sus predecesores priistas y panistas facultades absolutas, más otras de las cuales ahora dispone con la ayuda de su Congreso.

El movimiento social que lo llevó a la presidencia de la República, buscaba desaparecer las facultades absolutistas que gozaron Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, para ello se generó la participación ciudadana a su favor, pero durante el año y nueve meses que lleva en el poder se ha dedicado a destruir instituciones que independientemente del partido político que esté en el poder, le han servido al pueblo de México.

 

LA DESMEMORIA

La falta de memoria histórica de diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del mismo López Obrador, los hace olvidar que muchas de las instituciones que ahora están destruyendo fueron el resultado de movimientos sociales antipanistas y antipriistas que fueron propiciando un cambio en el electorado, el cual a la vez fortaleció su candidatura. Los 30 millones de mujeres y hombres que votaron a su favor, ya no tenían otra opción, más que él. Andrés Manuel López Obrador fue el gran beneficiario del dolor de las madres de desaparecidos, de la impotencia de personas que perdieron sus empleos por culpa de las políticas económicas de Calderón y Peña.

Pero como ahora ya se encuentra en el poder, con todas las facultades que le da la Constitución Federal, las mismas de sus antecesores, ha perdido la brújula y por su sed de venganza en contra de quienes antes no lo dejaron llegar a la presidencia, está dispuesto a destruir todo, no importando que se trate de instituciones que benefician a la población, principalmente los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas y niños con cáncer, las víctimas de violaciones a derechos humanos, víctimas de delitos, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Durante las últimas dos semanas del mes de septiembre, la mayoría de Morena en la Cámara Federal de Diputados, cabildearon en comisiones el dictamen por medio del cual se pretende desaparecer los 109 fideicomisos y fondos públicos, pero al no tener los suficientes elementos para fundar y motivar su propuesta, el caos reinó en la sesión del 2 de octubre, a tal grado que más de la mitad de las y los legisladores no estuvieron presentes a la hora de discutir el proyecto del citado dictamen, por lo que el asunto se pospuso para la sesión del martes 6 de octubre.

 

LAS FECHAS FATALES

Fue el primero de octubre, por la tarde, cuando bajo presión desde la presidencia de la República, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presentó el dictamen ante el pleno a fin de desaparecer estas figuras jurídicas y hacer uso de los recursos públicos, pero la presencia de solo 222 de los 500 legisladores, el desahogo de ese punto del orden del día se pospuso.

Lunes 5 y martes 6 de octubre serán cruciales para que el presidente de la República y sus diputados recapaciten que no pueden dar marcha atrás en materia de políticas públicas en áreas tan vitales como los derechos humanos, la ciencia, la educación o la cultura.

 

CONSEJOS CIUDADANOS ESPURIOS, CORRUPTOS Y DE SIMULACIÓN

Además, las organizaciones civiles que se encuentran con representantes en los consejos consultivos, como es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, deben de dejar de rasgarse las vestiduras y defender con acciones congruentes, lo que dicen defender.

Así como existe corrupción y negligencia en la operación de muchos de estos fideicomisos, la representación ciudadana que debe vigilarlos en muchos casos es espuria, porque se han convertido en lugares de gestoría para sus propios intereses, para lo cual prefieren excluir a quienes están dispuestos a fungir como vigilantes del quehacer gubernamental y no cómplices del mismo poder, al que dicen cuestionar.

Ahora califican de torpeza y un retroceso en materia de Derechos Humanos eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, pero guardaron silencio cuando desde la presidencia de la República y desde la Junta de Gobierno del Mecanismo se optó por destruir lo poco logrado, desde luego que no les convenía confrontarse con las autoridades, porque de lo contrario sus gestiones personales no avanzarían, mientras que cientos de familias y personas defensoras viven en el desamparo después de que alguno de sus miembros fueron asesinados por ejercer el periodismo o defender derechos humanos.

 

LA ONU Y EL MECANISMO DE PROTECCIÓN A DDH Y PERIODISTAS

La Secretaría de Gobernación a principios de 2019 solicitó a la ONU-DH realizara un diagnóstico sobre la operación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,  el cual fue entregado a finales del mes de agosto de ese año, con más de cien recomendaciones, las cuales de ponerse en práctica mejoraría la labor del Mecanismo, desde luego que esas recomendaciones no fueron escuchadas.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, concluyó que “el funcionamiento efectivo de un sistema tan amplio exige un elevado grado de compromiso institucional, que debe ser entendido como una política de Estado que asegure al rol de coordinación del capital político oportuno. En otras palabras, el compromiso institucional debe generarse y comunicarse desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación y ser subsecuentemente adoptado y replicado por las gubernaturas estatales y los titulares de las instituciones federales. Eso implica que tanto las autoridades federales como las entidades federativas deberán asignar personal y recursos específicos para asegurar el cumplimiento de su deber de proteger.

“Para garantizar un funcionamiento más eficaz del Mecanismo, el Estado mexicano tendrá que reforzar de manera decidida sus recursos humanos, garantizar los recursos económicos necesarios – tanto para medidas de protección como para la operación cotidiana – y asegurar los recursos materiales adecuados para que las y los funcionarios puedan cumplir con su mandato de protección.

“La ONU-DH alienta al Mecanismo a disponer de un monitoreo efectivo de la correcta implementación de los planes de protección e impulsar las sanciones pertinentes cuando detecte el incumplimiento de las obligaciones correspondientes. Asimismo, habría que garantizar que todas las personas beneficiarias tengan acceso a una reacción oportuna en caso de emergencia.

“Por otro lado, la ONU-DH exhorta a promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención combinado con la actuación dirigida a anular las causas del riesgo, que incluya criterios de actuación en los casos de agresiones por parte de servidores públicos y enviar un mensaje de cero tolerancia en relación a estas conductas.”

Tanto estas, como el resto de las recomendaciones no fueron escuchadas por el gobierno de México. Se optó por lo que deja más votos y por acciones que solo se traducen en venganzas personales, sin importar la atención integral de las víctimas y el fortalecimiento institucional a la ciencia, la educación, la cultura y a la promoción y protección integral de los derechos humanos, como lo establece el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde las reformas del 10 de junio de 2011.

 

*Periodista en el Estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.