abril 18, 2024

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Usuarios de la Zona Industrial, abusivos y mal pagadores de sus empleados: Bernardina Lara

San Luis Potosí, S. L. P.- “Le recordamos que los abusivos son usted y sus representados, que tienen muy mal pagados a los trabajadores y eso sí es un abuso”, respondió enérgica la dirigente sindical Bernardina Lara Argüelles, tras las declaraciones del presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Ricardo Pérez Castillo, en las que trató de menoscabar diversos amparos ganados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (SUTSGE), en defensa de sus representados.

A la vez, el dirigente de la UUZI, cuestionó el pago por concepto de puntualidad para los burócratas que diariamente acuden a oficinas gubernamentales para cumplir con sus obligaciones laborares, lo cual denominó como erogaciones “absurdas e incongruentes”, por lo que la lideresa del SUTSGE rebatió esas afirmaciones, expresándole que primero se informe para que pueda emitir su opinión.

Precisó que no todos los trabajadores están resguardados en casa, pues más del 50 por ciento de los trabajadores están laborando en sus oficinas y un buen número ha continuado trabajando durante la pandemia, sin haber permanecido bajo resguardo, “por lo que todos ellos tienen el derecho de que se les pague el concepto de puntualidad”, asentó Bernardina Lara.

Y más adelante, la lideresa propuso Ricardo Pérez Castillo mejor reclamar el hecho por qué a algunos directores de la administración estatal, que nunca han trabajado, dijo, se les otorga un complemento de sueldo de más de 30,000 pesos mensuales adicional a su salario, que no es poco, como es el caso de Gonzalo Ortuño Castro, “sólo por citar un ejemplo”,  pero así como él, hay muchos, advirtió al tiempo de considerar que ese es una tema por el que sí debe protestar “y no solo andar de ridículo”.

Por lo que se refiere a los amparos ganados, la dirigente del SUTSGE sostuvo que peleará y ganará todos estos recursos cuando tenga la razón, y siempre que el gobierno viole la ley, “pues ganar un amparo no es un delito, es exigir que el gobierno cumpla y respete la estabilidad en el empleo y los derechos de los trabajadores”, sentenció.