**Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado López en Tijuana; tres periodistas asesinados en México en lo que va de 2022.

**Al gobierno de México poco le importa la vida y la integridad física de quienes ejercen el periodismo en el territorio nacional.

**Políticas públicas y acciones de gobierno inservibles para garantizarle a la sociedad el ejercicio pleno del Derecho a la Información.

Por Graciela Machuca Martínez

Durante las últimas dos décadas, los diferentes niveles de gobierno en México han sido cuestionados por le violencia atroz que se ha generado en contra de personas trabajadoras de medios de comunicación y que durante todo ese periodo no hayan sido capaces de diseñar políticas públicas y emprender acciones gubernamentales adecuadas para desterrar esta práctica que no solo atenta contra la vida e integridad física de las víctimas, sino contra los derechos a las libertades de opinión, prensa, expresión e información de la sociedad en su conjunto.

Durante el llamado gobierno del cambio que encabezó Vicente Fox Quesada se incrementó drásticamente el número de asesinatos en contra de periodistas, pero además, las relaciones del personal de los medios de comunicación se precarizaron a tal grado que los derechos laborales de este sector de la sociedad fueron negados por la parte empresarial, mientras que las instancias gubernamentales aumentaron las campañas de hostigamiento e intimidación en contra del gremio periodístico.

Durante el gobierno del también panista Felipe Calderón Hinojoza la violencia no cesó, al contrario tomó caminos irreversibles que llegaron a impactar la política económica exterior del país, ante las exigencias de organismos civiles nacionales y multinacionales para que el Estado mexicano actuara para detener la escalada de violencia, por lo que se tomaron acciones formales como la conformación de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que mantenía una acotada fiscalía de atención a periodistas.

En el último año de ese sexenio (2006-2012), el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual creó el Mecanismo para darle protección a ambos sectores de la población, bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación.

De manera errática empezó a funcionar dicho Mecanismo de Protección durante los últimos meses del gobierno calderonista y a pesar de que desde el 2012 contaba con presupuesto, éste se pudo ejercer hasta finales de 2013, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el cual se le fue disminuyendo, sin que existiera el interés de reforzarlo con una normatividad acorde a los requerimientos de la víctimas y no a las directrices de la burocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Desde que la llamada IV Transformación se hace cargo del gobierno federal se le dejó de poner atención, no solo a la operación de este Mecanismo de Protección, sino a la agenda de libertad de expresión, derecho a la información y derechos de periodistas, a tal grado que el fideicomiso que financia las medidas de protección fue desparecido por el mismo Congreso de la Unión, al igual que otros fideicomisos vitales para el desarrollo social del país.

Las cifras de asesinatos de periodistas en el país durante los últimos 20 años ha ido en aumento y cada institución u organismo civil las presenta de diferente manera, de acuerdo a sus objetivos o metodologías de documentación, pero estimaciones conservadoras ya rebasan las 300 víctimas, mientras que la impunidad rebasa el 90 por ciento, de acuerdo a estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El gremio periodístico, al igual que las personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas, tenían la esperanza que el gobierno federal que empezó su administración en diciembre de 2018 vendría a encontrar el camino para iniciar la mitigación de la violencia generalizada en el país, pero solo quedó en esperanza, porque no solo se ha mantenido la violencia, sino desde el mismo gobierno se ha iniciado una campaña de acoso y estigmatización en contra del gremio periodístico y en contra de las personas defensoras de Derechos Humanos que no hacen apología de la actual administración, generando con ello, entre sus seguidores, acciones de acoso contra la prensa que no hace propaganda gubernamental.

Hoy en día, en el gremio periodístico de México seguimos de luto a más de 20 años de que surgió la violencia contra periodistas, luego que la tarde del 23 de enero fue asesinada la periodista María de Lourdes Maldonado López, de un disparo en la cabeza afuera de su casa ubicada en Tijuana, Baja California, cuando se encontraba a bordo de su automóvil.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Maldonado López, quien se encontraba inscrita desde 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California, se convierte en la tercera periodista ejecutada en el país y la segunda en la entidad en lo que va del 2022.

El organismo sindical detalló en un comunicado que la hoy víctima había asistido en marzo de 2019 a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pedirle su apoyo ante un juicio laboral que había iniciado contra el ahora exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla, dueño de la empresa para la cual trabajaba, y para denunciar que su vida se encontraba en peligro.

«Vengo aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él», expresó en esa ocasión Lourdes Maldonado. La reportera y conductora de programas de radio había ganado hace una semana el litigio laboral, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó un embargo comercial para garantizar el pago del adeudo salarial y de prestaciones.

Este lunes, cuestionado durante su conferencia matutina sobre el asesinato de la periodista, López Obrador afirmó que el gobierno federal tuvo contacto con Maldonado López tras la denuncia planteada en el foro, aunque aseguró que el pleito legal “no era un asunto de amenazas”, ni violencia. “Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia. Se le ayudó y se le garantizó. (…) Hay que ver el móvil: si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables”, dijo el presidente.

Además pidió a la opinión pública “ver con mucha responsabilidad” el hecho y “no adelantar” ningún juicio hasta tener acceso a las investigaciones pertinentes. “No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. No es responsable adelantar ningún juicio. Hay que esperar (…) No habrá impunidad”, indicó López Obrador.

Este homicidio se suma al del reportero gráfico Alfonso Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero en Tijuana, y al de José Luis Gamboa el 10 de enero en el estado de Veracruz.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), difundió que la periodista asesinada el pasado domingo 23 de enero, se encontraba incorporada al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y contaba con rondines a su domicilio por parte de elementos de seguridad pública, ya que con anterioridad había sido víctima de amenazas de muerte con motivo de su labor.

“Este Organismo Nacional hace un llamado urgente a la Fiscalía General del estado de Baja California para que cumpla con la obligación de “debida diligencia”, agotando para ello todas las líneas de investigación, particularmente, la relativa a la labor periodística que en vida realizó Lourdes Maldonado en esa entidad, tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión”.

El organismo público defensor de los derechos humanos “espera de la Fiscalía General de Baja California realice una investigación eficiente, pronta e imparcial, para identificar y localizar a los autores materiales e intelectuales de este crimen, única de abatir el ciclo de impunidad”.

Si revisamos las medidas de protección que el Estado mexicano le proporcionó a esta víctima, es evidente que los rondines de la policía local fueron insuficientes, para proteger su vida, a pesar de que oportunamente denunció que estaba amenazada de muerte.

Durante los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y los tres años y dos meses que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador han surgido evidencias que el Mecanismo de Protección y todas las demás políticas públicas para garantizar la libertad de expresión en México ya no sirven, pues el número de casos de asesinatos y otros agravios en contra de personas beneficiarias del Mecanismo han ido en aumento.

El alcance de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, siempre será acotado para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, se requiere de una política integral de la cual se haga responsable el Estado mexicano.