Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México vivió uno de los episodios más oscuros en materia de espionaje gubernamental, donde la tecnología de vigilancia sustituyó a cualquier intento de reforma para combatir la corrupción o fortalecer la justicia. Pegasus, el sofisticado software israelí, fue adquirido y utilizado por el gobierno federal para espiar a periodistas, activistas, políticos de oposición e incluso a sus propios colaboradores.
Una investigación conjunta de medios y organizaciones internacionales reveló que al menos 15 agencias gubernamentales mexicanas accedieron a este sistema, diseñado originalmente para combatir el crimen organizado. Sin embargo, en lugar de enfocarse en cárteles o redes delictivas, el gobierno priista lo habría utilizado para vigilar a ciudadanos incómodos o críticos del poder.
Entre los objetivos del espionaje se encuentran nombres como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, y defensores de derechos humanos vinculados al caso Ayotzinapa. En total, se calcula que más de 15 mil números telefónicos fueron seleccionados como posibles blancos, lo que evidenció el uso masivo de esta herramienta con fines políticos.
La administración peñista gastó cientos de millones de pesos del erario público para adquirir Pegasus, a través de contratos con empresas fachada, sin controles institucionales ni transparencia. Mientras tanto, el discurso público hablaba de transparencia y reformas estructurales, que en la práctica nunca tocaron el fondo del sistema.
A pesar de las pruebas documentadas, hasta la fecha no ha habido responsables sancionados por estos actos de espionaje, y los procesos judiciales han quedado empantanados. La Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones, pero los avances han sido mínimos y las consecuencias, prácticamente nulas.
Así, el legado de Peña Nieto no se construyó con reformas profundas, sino con vigilancia silenciosa, intimidación tecnológica y una “ley espía” no escrita que convirtió a Pegasus en el verdadero poder tras el trono. Porque en su sexenio, el control no se legisló… se instaló.
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