El diputado panista Rubén Guajardo Barrera, integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, tachó como “inconstitucional” la intención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de que el Gobierno estatal se encargue del cobro del impuesto predial en la Zona Industrial. Advirtió que cualquier intento de legislar en ese sentido podría ser impugnado mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Guajardo Barrera recordó que el artículo 115 de la Constitución establece claramente que el cobro del impuesto predial es una facultad exclusiva de los ayuntamientos. Aunque existe la posibilidad de firmar convenios para que el Estado colabore en la recaudación, los recursos siguen perteneciendo a los municipios y no pueden ser apropiados unilateralmente por otro nivel de gobierno.
El diputado señaló que la vía adecuada no es modificar la ley, sino fortalecer la coordinación entre Estado y Municipio. Enfatizó que la Zona Industrial, por su impacto económico, requiere mejoras urgentes en vialidades y servicios públicos, pero estas acciones deben ejecutarse respetando el marco constitucional vigente.
