– “El Gobernador es candil de la calle y oscuridad en su casa”, señalan.
San Luis Potosí, S.L.P.— El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) acusó al Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona de evadir su responsabilidad legal como parte patronal, al no atender las demandas laborales de sus empleados, y de incurrir en actos que vulneran derechos humanos y laborales, privilegiando su imagen pública por encima del cumplimiento institucional.
En conferencia de prensa, la Secretaria General del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, señaló que mientras el mandatario estatal ignora el conflicto laboral con el gremio, ofrece apoyo a personal ajeno al gobierno, sin atender el adeudo superior a seis mil millones de pesos que mantiene con la Dirección General de Pensiones, por omitir su aportación patronal y retener la de los trabajadores.
“Como dice el refrán, el Gobernador es candil de la calle y oscuridad en su casa”, expresó Reséndiz Lara.
La dirigente sindical denunció que persisten casos de acoso, hostigamiento y despidos ilegales, como los de Laura Carolina Yáñez García y Víctor Escalante Torres, quienes fueron cesados sin notificación formal, sin liquidación y bajo presión de agentes estatales. En ambos casos, se documentaron amenazas, mobbing laboral y procesos administrativos que buscan despojarlos de sus viviendas adquiridas mediante créditos con Pensiones.
El asesor legal del SITTGE, Francisco Parra Barbosa, calificó la actuación del Gobernador como errática e ilegal, y denunció que el juez cuarto del ramo civil, Luis Ricardo Molina Corpus, ha sido instruido para perseguir a trabajadores con procesos de embargo. Añadió que estas acciones podrían derivar en sanciones e inhabilitación, incluso una vez concluido el sexenio.
Por su parte, Ana Verónica López Chávez, Secretaria de Única Suplencia del Sindicato, lamentó que el titular de Pensiones, Luis Arturo Coronado, no haya cumplido el compromiso de detener los procedimientos legales contra trabajadores despedidos, quienes enfrentan insolvencia por la falta de ingresos.
El SITTGE reiteró que más de 150 de sus integrantes han sido cesados de forma ilegal, y que el Gobierno estatal busca retirar sus bases para otorgarlas discrecionalmente. La organización exigió respeto a la normatividad, a la libertad sindical y al cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo.
