San Luis Potosí, 10 de septiembre de 2025
La diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad frente al delito de abandono. La propuesta, turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis, busca incorporar la investigación de oficio en casos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, garantizando una respuesta inmediata y efectiva por parte del Ministerio Público.La iniciativa propone adicionar el artículo 204 Ter al Código Penal, estableciendo que, cuando las víctimas de abandono sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, el Ministerio Público deberá actuar sin necesidad de denuncia previa, dictando medidas de protección conforme a la legislación aplicable, asegurando el acceso efectivo a la justicia y previniendo la repetición de estos actos. La legisladora destacó que el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una grave violación a los derechos humanos y una forma de violencia estructural que requiere una respuesta institucional más robusta.En su exposición de motivos, Jáuregui Mendoza señaló que los artículos 204 y 204 Bis del Código Penal actual tipifican el abandono, pero dependen de una denuncia o querella, lo que resulta insuficiente para grupos que, por su condición de edad, física o mental, enfrentan barreras para ejercer plenamente sus derechos. “El abandono de personas mayores y los recientes casos documentados de abandono de recién nacidos en San Luis Potosí evidencian la urgencia de fortalecer las herramientas legales del Ministerio Público para actuar de manera inmediata”, afirmó la diputada.La reforma busca alinear la legislación estatal con una perspectiva de derechos humanos y justicia social, priorizando la protección de los sectores más vulnerables. Según datos del INEGI (2020), en San Luis Potosí residen más de 200,000 personas adultas mayores y aproximadamente 80,000 personas con discapacidad, muchas de las cuales enfrentan condiciones de vulnerabilidad que las exponen al abandono. Asimismo, casos recientes de abandono de menores han subrayado la necesidad de una intervención estatal más proactiva.Con la adición del artículo 204 Ter, la iniciativa no solo refuerza la capacidad de respuesta del sistema judicial, sino que también promueve una política penal más humana y centrada en las víctimas, asegurando que el Estado actúe con diligencia para proteger a quienes más lo necesitan. Este esfuerzo refleja el compromiso del Congreso del Estado y del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona por construir una sociedad más justa e inclusiva en San Luis Potosí.
