San Luis Potosí, 8 de octubre de 2025
La Comisión Segunda de Justicia de la LXIV Legislatura aprobó por unanimidad reformas al Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, que obligan al deudor alimentario a notificar al juez cualquier cambio en su empleo o ingresos, bajo pena de medios de apremio en caso de incumplimiento. La presidenta de la comisión, diputada Jessica Gabriela López Torres, destacó que esta medida posiciona a San Luis Potosí a la vanguardia en la protección de las pensiones alimentarias, garantizando el interés superior de la niñez.La reforma establece que el deudor debe informar de inmediato al juez si pierde su empleo, es despedido injustificadamente, cae en insolvencia o padece una enfermedad que le impida cumplir con la pensión. Además, los empleadores están obligados a notificar al juez dentro de tres días si el deudor deja de laborar, enfrentando multas equivalentes a un día de salario por cada día de retraso. “Esto da certeza jurídica para que los menores reciban los alimentos que les corresponden. La obligación alimentaria es un derecho innegociable de las infancias potosinas”, afirmó López Torres.El objetivo es facilitar al juez la toma de decisiones para ajustar las pensiones según la situación del deudor, protegiendo a más de 10,000 menores en el estado que dependen de estas, según datos del Sistema DIF Estatal. La reforma también responsabiliza solidariamente a los gerentes o responsables de las empresas, asegurando que los descuentos ordenados por el juez se cumplan sin demora.Esta iniciativa, que será votada en el Pleno, complementa esfuerzos recientes como las reformas para proteger a menores del uso excesivo de dispositivos digitales y la tipificación de delitos por maltrato animal, consolidando el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con los derechos de la niñez y el bienestar social. Con esta medida, San Luis Potosí refuerza un marco legal que prioriza la protección de los más vulnerables, garantizando su derecho a una vida digna.
