San Luis Potosí, S.L.P.- Con el respaldo de representantes sindicales y académicos, el diputado Crisógono Pérez López presentó la iniciativa para crear la Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo en el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer un marco jurídico sólido, accesible y con enfoque de derechos humanos que garantice la seguridad laboral de más de 50 mil docentes en la entidad.
Acompañado por los secretarios generales de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, respectivamente, así como por María del Rosario Villaseñor Oliver, representante de la Delegación D-V-88 del Tecnológico Regional, el legislador entregó formalmente la propuesta a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Durante el acto protocolario, Pérez López explicó que la iniciativa busca proteger a trabajadores de la educación de los sectores público y privado ante denuncias infundadas que afectan su prestigio y situación laboral. “No pedimos excepciones al proceso legal, sino que se respete la presunción de inocencia y se garantice el debido proceso. Hay casos de docentes que han sido separados del servicio, suspendidos sin pruebas válidas, y que incluso han enfrentado prisión injustamente”, señaló.
La propuesta legislativa contempla principios como igualdad sustantiva, perspectiva de género, enfoque pro persona y protección integral para directivos, docentes, técnicos docentes, personal de apoyo y administrativo. También busca establecer protocolos claros frente a conflictos escolares, incluyendo agresiones físicas, amenazas verbales o sanciones arbitrarias, que actualmente dejan al personal en situación de vulnerabilidad.
Los líderes sindicales coincidieron en que esta iniciativa representa un acto de justicia sin desatender los derechos de los estudiantes. “No se trata de blindar al docente, sino de dotarlo de garantías legales ante situaciones que lo expongan injustamente”, expresaron, y anunciaron que realizarán cabildeo con los distintos grupos parlamentarios para asegurar su aprobación.
Por su parte, María del Rosario Villaseñor enfatizó que “esta ley no es un documento más, es una respuesta a años de hostigamiento, difamación y represalias contra quienes defienden lo correcto dentro del sistema educativo”.
La iniciativa reafirma la necesidad de avanzar hacia una legislación educativa que reconozca integralmente la función del trabajo docente y brinde respaldo institucional ante los desafíos éticos, legales y sociales que enfrenta el personal educativo en su labor cotidiana.
