San Luis Potosí, S.L.P.- Ante los recientes hechos ocurridos en Zacatecas, donde se alteraron imágenes de al menos 400 estudiantes mediante inteligencia artificial con fines de explotación sexual, diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí urgieron avanzar en la reforma al Código Penal para sancionar el uso indebido de tecnologías que vulneran la intimidad y los derechos humanos.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, señaló que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero su uso irresponsable puede violar derechos fundamentales como el resguardo de la identidad y la dignidad. “Debemos sancionar a quien altere la imagen de una persona sin su autorización, cualquiera que sea el fin, y más aún si se busca crear una realidad falsa que alarme a la población”, afirmó.
Por su parte, el diputado Luis Felipe Castro Barrón destacó que es urgente contar con un marco legal que permita a las víctimas proceder, protegerse y acceder a la justicia. “La sociedad se transforma y las tecnologías avanzan, por lo que nuestras leyes deben adaptarse para evitar este tipo de horrores, especialmente cuando se trata de menores de edad”, expresó.
Ambos legisladores coincidieron en que el caso de Zacatecas, donde se violentó la intimidad de cientos de estudiantes, debe ser un llamado de atención para legislar con eficiencia en San Luis Potosí. Castro Barrón celebró la iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano, que busca fortalecer el Código Penal estatal en esta materia.
La propuesta legislativa contempla sanciones específicas para quienes utilicen inteligencia artificial para manipular imágenes sin consentimiento, así como para quienes generen contenidos falsos que afecten la seguridad o provoquen alarma social. También se busca dotar a las autoridades de herramientas jurídicas para investigar y sancionar estas conductas, y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes.
El Congreso del Estado reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia en temas que presumen una conducta delictiva y afectan directamente a la sociedad, trabajando en conjunto con especialistas, activistas y ciudadanía para garantizar un entorno digital seguro y respetuoso.
