Tras semanas de tensiones públicas y reclamos formales, el Gobierno del Estado finalmente cubrió el adeudo millonario que mantenía con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a recursos derivados de participaciones estatales. El propio gobernador Ricardo Gallardo confirmó que este fin de semana se cumplió con la obligación financiera que la institución había exigido reiteradamente, ante el impacto que el retraso comenzaba a generar en su operación.
El incumplimiento prolongado había levantado preocupación dentro de la comunidad universitaria, pues estos recursos son esenciales para sostener programas académicos, servicios, infraestructura y compromisos laborales. A la par, la falta de claridad sobre los motivos del retraso alimentó la percepción de regateos administrativos y decisiones poco transparentes, lo que derivó en un creciente malestar entre autoridades educativas y sectores que respaldan a la máxima casa de estudios.
Con el anuncio del pago, el Ejecutivo estatal intenta cerrar el capítulo, presentando la regularización del adeudo como un acto de responsabilidad financiera. No obstante, persisten dudas sobre las razones reales que llevaron a las demoras y si existirá un mecanismo que garantice puntualidad en futuras entregas, evitando el desgaste institucional que este episodio generó.
Aunque el adeudo ya fue cubierto, el caso deja una reflexión obligada: la relación entre el Gobierno del Estado y la UASLP requiere estabilidad, certidumbre y respeto a los tiempos legales. Cualquier retraso no solo compromete el funcionamiento de la institución, sino que también pone en riesgo la continuidad de proyectos académicos y de investigación fundamentales para el desarrollo de San Luis Potosí.
