Municipios deberán definir espacios para asentamiento industrial

– Congreso local aprueba reformas y montos de obra pública 2026.

San Luis Potosí, S.L.P. — La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el objetivo de que los municipios establezcan reservas territoriales específicas para el asentamiento industrial, de acuerdo con su vocación, capacidad y conectividad.

El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la comisión, explicó que esta medida permitirá ordenar el crecimiento industrial y dar certeza a las inversiones. La iniciativa, presentada por el legislador Luis Fernando Gámez, plantea que los ayuntamientos integren en sus planes de desarrollo espacios destinados a parques o zonas industriales, atendiendo criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos de suelo, conectividad y protección de áreas naturales.

Las reservas deberán incorporarse a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y contar con infraestructura básica y servicios indispensables. Para ello, los municipios podrán solicitar acompañamiento técnico, jurídico o tecnológico, mediante esquemas de coordinación interinstitucional o colaboración público-privada.

En la misma sesión, se aprobó el dictamen que establece los montos de obra pública y servicios relacionados para el ejercicio fiscal 2026:

  • Obra pública:
    • Adjudicación directa: hasta 1 millón 510 mil pesos
    • Invitación restringida: de 1 millón 510 mil 0.01 hasta 4 millones 260 mil pesos
    • Licitación pública: a partir de 4 millones 260 mil 0.01 pesos
  • Servicios relacionados:
    • Adjudicación directa: hasta 450 mil pesos
    • Invitación restringida: de 450 mil 0.01 hasta 910 mil pesos
    • Licitación pública: a partir de 910 mil 0.01 pesos

El ajuste considera un incremento moderado de 3.8 por ciento en razón de la inflación calculada por el INEGI.

Ambos dictámenes serán turnados al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación, con el propósito de fortalecer la planeación territorial y garantizar transparencia en la contratación de obra pública y servicios.