Además de estrellita en la frente: Municipios con programas sociales consolidados tendrán prioridad presupuestal y acceso preferente a apoyos

San Luis Potosí, S.L.P.- El Congreso del Estado aprobó la incorporación del artículo 32 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios, con el propósito de fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para diseñar e implementar políticas públicas de bienestar.

La reforma, impulsada por el diputado Fernando Gámez Macías, establece que los municipios que cuenten con programas sociales operando de manera continua durante al menos dos ejercicios fiscales podrán registrarlos como Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social. Este registro deberá renovarse cada año y otorgará reconocimiento formal, prioridad en el gasto social municipal y preferencia en la gestión de apoyos estatales y federales.

El legislador destacó que la medida busca asegurar que los programas sociales contribuyan efectivamente a reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y garantizar el acceso a derechos básicos.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado será la encargada de definir los lineamientos técnicos para el registro y evaluación de estos programas, en coordinación con los ayuntamientos interesados.

La reforma se sustenta en el artículo 115 constitucional, que reconoce la autonomía municipal y la facultad de los ayuntamientos para generar políticas públicas orientadas al bienestar de su población. Con ello, se refuerza la capacidad de los gobiernos locales para atender necesidades prioritarias mediante programas sociales sólidos y evaluables.

El Congreso subrayó que los programas sociales son herramientas esenciales para combatir la desigualdad y que, tanto a nivel federal como estatal, se han impulsado acciones para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad.

Con esta modificación legal, los municipios podrán acceder a mayores oportunidades de financiamiento y apoyo institucional, fortaleciendo su capacidad para implementar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las y los potosinos.