– En Estados, la fiscalización se puede convertir en un instrumento con tintes políticos.
San Luis Potosí, S.L.P.- Durante el Diálogo Universitario organizado por la UASLP, la maestra Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la AMEREIAF, afirmó que la fiscalización de los recursos que reciben las universidades públicas tiene límites jurídicos claramente establecidos, y que estos deben respetarse para evitar afectaciones a la autonomía universitaria.
Jiménez Zamora explicó que tanto los recursos federales como las transferencias destinadas a las instituciones de educación superior solo pueden ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que delimita con precisión las competencias de cada autoridad.
Riesgos de fiscalización sin sustento legal
La especialista advirtió que los problemas surgen cuando gobiernos estatales intentan revisar recursos universitarios sin facultades legales, lo que puede convertir la fiscalización en un instrumento con tintes políticos o en un obstáculo para la operación administrativa y académica de las universidades.
Aclaró que esto no implica opacidad, pues las instituciones cuentan con órganos internos de control, contralorías, auditorías, consejos universitarios y áreas financieras que supervisan permanentemente el ejercicio de los recursos.
Recursos federales y recursos autogenerados
Jiménez Zamora recordó que los recursos federales son auditados cada año y generan un informe individual público ante la Cámara de Diputados.
Sobre los llamados recursos propios, precisó que las universidades no recaudan impuestos ni derechos, sino que generan ingresos derivados de servicios, aportaciones académicas y actividades que sostienen su operación cotidiana. Estos recursos están regulados por la Ley Orgánica y los Estatutos de cada institución, por lo que los estados no tienen facultades para revisarlos.
Revisarlos, afirmó, implicaría una violación directa a la autonomía universitaria, protegida por el artículo 3º constitucional, que reconoce el derecho de las universidades a autoadministrar su patrimonio.
Caso UASLP y respeto al marco constitucional
Respecto a los señalamientos sobre posibles procedimientos legales contra autoridades de la UASLP, la presidenta de AMEREIAF señaló que cualquier situación debe atenderse estrictamente conforme a la ley, recordando que las universidades cuentan con áreas jurídicas sólidas y órganos de control que operan bajo principios constitucionales.
Fortalecer a las universidades desde la legalidad
Jiménez Zamora subrayó que la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas existe precisamente para dar claridad sobre los alcances y límites de las auditorías, así como sobre los derechos y responsabilidades de las entidades fiscalizadas.
Concluyó que la colaboración institucional, el respeto a la autonomía y el apego estricto a la ley son la única vía para fortalecer a las universidades públicas y garantizar que continúen cumpliendo su función social: formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el desarrollo del país.
