San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó un punto de acuerdo para exhortar al DIF Estatal y a los DIF de los 59 ayuntamientos a reforzar la difusión de los derechos de las personas adultas mayores y fortalecer la detección de posibles casos de forzamiento a la mendicidad, una práctica que vulnera directamente su dignidad.
El exhorto solicita que, en un plazo máximo de cinco meses, las instituciones presenten ante el Poder Legislativo un informe detallado con las acciones emprendidas, programas implementados, resultados obtenidos y estadísticas sobre casos atendidos y canalizados a las autoridades correspondientes.
Ruelas Gaitán subrayó que la atención a personas adultas mayores requiere la intervención coordinada del DIF, autoridades de seguridad pública, servicios de salud y, en algunos casos, instancias de procuración de justicia. Cuando estas instituciones trabajan de manera aislada, dijo, se pierde tiempo y se duplican esfuerzos; en cambio, con comunicación constante y protocolos claros, la respuesta es más rápida y efectiva.
La legisladora enfatizó que la diferencia entre un caso atendido a tiempo y uno que termina en abuso grave suele depender únicamente de la coordinación interinstitucional.
Una población creciente y con necesidades específicas
En San Luis Potosí viven 361,599 personas de 60 años o más, equivalentes al 12.8 % de la población. De mantenerse la tendencia actual, la cifra podría superar las 395,000 personas hacia finales de este año.
Este crecimiento incrementa la demanda de apoyo emocional, orientación jurídica y vigilancia de derechos, así como la necesidad de prevenir riesgos silenciosos como abandono, negligencia, apropiación de recursos económicos, aislamiento injustificado o restricciones de movilidad sin fundamento médico.
Entre las conductas más preocupantes, señaló, está el forzamiento a la mendicidad, una forma de explotación que debe ser identificada y denunciada oportunamente.
“La etapa de la vejez debe vivirse sin miedo y sin explotación”, afirmó la diputada. “La información adecuada ayuda a prevenir y garantiza que cada persona adulta mayor viva con dignidad, seguridad y respeto”. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.
