Un político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué no ha ocurrido.Winston Churchill.
Parece que en la nueva era de la justicia democratizada, el brillo de la Constitución de 1917 ya no emana de sus artículos, sino del cuero impecable de los zapatos del Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Resulta conmovedor, casi pedagógico, observar cómo la “austeridad republicana” se traduce en la práctica en una coreografía donde los subalternos, con una eficiencia digna de un pit-stop de la Fórmula 1, se abalanzan sobre el calzado presidencial para borrar el pecado de un café derramado. No se confundan, no es arrogancia ni mucho menos un retorno a las cortes monárquicas que tanto se dice aborrecer. Es, simplemente, que la majestad de la ley no puede permitirse caminar con manchas, aunque el lodo político le llegue ya a las rodillas en esta accidentada transición judicial. El Ministro asegura que no hay soberbia, solo “gestos de apoyo”, recordándonos que en la política mexicana el servicio público empieza por la base, específicamente por la suela de quien manda. Como bien decía Winston Churchill con esa ironía británica que hoy nos vendría de perlas: “Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de su partido”.
Aquí, sin embargo, parece que lo único que cambia es el brillo del zapato mientras los principios de la reforma se quedan estancados en el vestíbulo de la incongruencia.
Mientras el Ministro saca brillo a su investidura, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se cocina una reforma política que ha pasado de ser una cirugía de corazón abierto a una manicura de bajo presupuesto. La propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era un estandarte de guerra contra la “casta” política: la eliminación total de las diputaciones plurinominales y el hachazo final al financiamiento público de los partidos. Eran los dos pilares que sostenían la narrativa del cambio, la promesa de que el pueblo ya no mantendría a los parásitos de las listas de representación proporcional. Pero la realidad constitucional tiene otros datos y sobre todo, otros dueños que no están precisamente sentados en las curules de la oposición. Resulta irónico que no haya sido la “derecha conservadora” ni los restos náufragos del antiguo régimen quienes frenaron esta embestida contra los privilegios partidistas. El freno de mano lo pusieron los propios compañeros de cama del régimen, esos aliados estratégicos del Partido Verde y el Partido del Trabajo que ven en la desaparición de las plurinominales su propia acta de defunción. Para estos partidos, la reforma no era un avance democrático, sino un suicidio asistido que no estaban dispuestos a firmar por mucha lealtad que le juraran a la continuidad de la transformación.
La gestión de este entuerto legislativo ha dejado al desnudo una incompetencia operativa que raya en lo cómico, pese a los esfuerzos de figuras que se suponían infalibles en el arte de la disciplina. Rosa Icela Rodríguez, desde la Secretaría de Gobernación, intentó un cabildeo que llegó con el aroma del café frío: tarde, descafeinado y sin fuerza para doblar las manos de los aliados. Por su parte, Pablo Gómez, el guardián de la pureza ideológica y redactor del texto, vio cómo sus foros y mesas de trabajo se convertían en una simulación utilitaria donde se hablaba mucho para no cambiar nada. La propuesta final es una pieza “rabona”, un texto jurídico que mantiene intacto el sistema de financiamiento y la existencia de los 200 plurinominales, bajo el pretexto de “fortalecer el vínculo ciudadano”. Es el triunfo de la supervivencia partidista sobre la voluntad presidencial, un espectáculo donde los operadores políticos demostraron que saben redactar excusas mejor que leyes. Se confirma así que la estructura del poder actual carece del “rigor mortis” que imponía el viejo PRI, donde la voluntad del Ejecutivo era, en palabras de Jesús Reyes Heroles, una forma de designio casi divino que no admitía réplica. En aquellos tiempos de hierro, si el Presidente decía que el sol salía por el oeste, los aliados no solo lo aprobaban, sino que compraban bloqueador solar para el atardecer.
Este retroceso marca el segundo gran tropiezo de la administración Sheinbaum en su intento de moralizar la vida pública mediante decretos que sus propios socios desprecian. Ya lo vimos con la malograda “ley antinepotismo”, esa iniciativa que pretendía prohibir que los parientes directos heredaran cargos de elección popular como si fueran feudos familiares. Aquella propuesta, que debió ser una reforma constitucional de vanguardia, terminó escondida en los estatutos internos de Morena y con una vigencia postergada hasta el lejano 2030. Los aliados, expertos en el arte de la simulación, asintieron con la cabeza mientras con la mano en el bolsillo bloqueaban cualquier cambio que pusiera en riesgo su genealogía política. Es la paradoja de un régimen que se dice todopoderoso pero que se arrodilla ante las cuotas de sus satélites, dejando a la Presidenta con una victoria pírrica en el papel y una derrota política en la práctica. Al final, lo que nos queda es una reforma electoral cosmética y un Ministro Presidente con los zapatos muy limpios, pero con la investidura manchada por la misma ineficacia de siempre. La política mexicana sigue siendo ese teatro de sombras donde se cambia todo para que los privilegios de los aliados sigan brillando con el mismo lustre de antaño. El gatopardismo de siempre.
Esta capitulación legislativa no es solo un tropiezo técnico, sino el olor a sangre que las hienas del sistema de partidos detectan a kilómetros de distancia. Los socios estratégicos del régimen, esos mercaderes de la política que habitan en el Partido Verde y el PT, han interpretado la parálisis de la reforma electoral como un inequívoco gesto de debilidad de la Presidenta. Ya no se conforman con las migajas del banquete presupuestal ni con las direcciones generales de segundo piso donde se apilan sus cuadros más impresentables. Ahora, con la mirada puesta en el horizonte de 2027, se aprestan a pasar la factura del chantaje por haber salvado la cara del oficialismo frente al fracaso de sus propias promesas de campaña. La moneda de cambio es clara y no acepta devaluaciones: exigen el control de por lo menos cinco de las 17 gubernaturas que se disputarán en la coalición del próximo año. Es el mercado de las lealtades en su máxima expresión, donde la soberanía popular se subasta al mejor postor entre las paredes de la Secretaría de Gobernación y las oficinas de los coordinadores parlamentarios.
Para estos aliados, el “segundo piso de la transformación” no es un proyecto de nación, sino un elevador hacia las tesorerías estatales donde pretenden perpetuar sus cacicazgos. Observan a una administración que, a pesar de su retórica de hierro, no ha podido disciplinar a sus propios satélites para aprobar una ley antinepotismo con dientes o una austeridad partidista real. La debilidad del Ejecutivo es su fortaleza, y en ese vacío de autoridad, el chantaje se convierte en la única política de Estado que realmente funciona con precisión de relojería suiza. Ya lo decían los viejos ideólogos del sistema: “Lo que se compra con dinero, sale barato”, pero lo que se paga con el destino de cinco estados de la República es un precio que la historia le cobrará caro a la Presidenta. Mientras el régimen se debilita por las concesiones, los aliados sonríen, sabiendo que en 2027 ellos no serán invitados a la fiesta, sino los dueños de la música y, por supuesto, de la caja chica. Es la institucionalización de la extorsión política, envuelta en papel de regalo con el sello de la unidad y el bienestar del pueblo.
La lista de la compra de los socios es tan ambiciosa como descarada, apuntando directamente a las joyas de la corona que Morena creía tener aseguradas en su inventario patrimonial. En San Luis Potosí, el Partido Verde no solo exige retener el control, sino que prepara el terreno para que la herencia del poder se quede en familia, desafiando frontalmente aquel pudor “antinepotista” que la Presidenta intentó, sin éxito, elevar a rango constitucional. En Zacatecas, el PT olfatea el agotamiento del apellido Monreal y se postula como el relevo necesario, usando su voto en el Congreso como el mazo con el que golpean la mesa de negociaciones de Rosa Icela Rodríguez. Pero quizás el desplante más audaz se cocina en las aguas turquesas de Quintana Roo, donde el Verde ha decidido que el estado no es una entidad federativa, sino su próxima franquicia inmobiliaria y política. Allí, figuras como Renán Sánchez Tajonar -quien ya se pasea con la suficiencia de un virrey por el Congreso local- se perfilan no como candidatos de una coalición, sino como los herederos de un pacto de impunidad que garantiza votos en la capital a cambio de carta blanca para depredar el Caribe. Mientras los cuadros fundadores de Morena en la entidad observan con impotencia cómo su partido se convierte en el vagón de carga de una locomotora tucán. El Verde opera con la frialdad de quien se sabe indispensable para que la “transformación” no se quede sin mayoría calificada en San Lázaro.
¿Acaso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha percatado de que sus aliados le están desmantelando la casa mientras ella todavía intenta pintar la fachada de austeridad? ¿O será que, en el frío cálculo del poder, ha comprendido que si el pastel no es totalmente suyo, sino una herencia compartida, entonces su presidencia y su proyecto político pueden permitirse el lujo de la indiferencia ante el saqueo de sus socios?
@gandhiantipatro
