– La iniciativa plantea garantizar la reparación del daño, el fin del riesgo o la actualización de los supuestos legales de cancelación.
San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el propósito de que las órdenes de protección en casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes permanezcan vigentes el tiempo que sea necesario, hasta que cese el riesgo, se garantice la reparación del daño o se actualice alguno de los supuestos de cancelación previstos expresamente en la ley.
En su exposición de motivos, la legisladora recordó que la Organización de las Naciones Unidas reconoce a las órdenes de protección como uno de los mecanismos jurídicos más eficaces para salvaguardar a víctimas sobrevivientes de violencia. Subrayó que estas medidas no deben limitarse a la violencia familiar, sino aplicarse frente a todas las formas de violencia que pongan en peligro la integridad, libertad o vida de mujeres y menores de edad.
La Ley vigente establece que las órdenes de protección son actos de urgente aplicación, precautorios y cautelares, que deben otorgarse de oficio o a petición de parte por autoridades administrativas, Ministerio Público u órganos jurisdiccionales, con el objetivo de impedir cualquier tipo de contacto entre la persona agresora y la víctima. Sánchez López enfatizó que su importancia radica en su carácter preventivo y en la necesidad de aplicarlas con inmediatez, especialmente tratándose de grupos de atención prioritaria.
La diputada destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que, cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes, las medidas de protección no deben estar sujetas a plazos fijos, sino extenderse hasta que desaparezca el peligro. Esto implica que los límites de 60 días prorrogables establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales dejan de ser aplicables en estos casos.
Las medidas de protección y providencias precautorias, señaló, no deben levantarse automáticamente por el simple transcurso del tiempo, sino revisarse caso por caso, privilegiando siempre la máxima protección de los derechos de las víctimas y la necesidad de asegurar la reparación del daño.
Sánchez López advirtió que la falta de vigencia suficiente en estas medidas ha generado riesgos innecesarios y ha obligado a víctimas a renovar constantemente su protección, exponiéndolas a revictimización y a nuevos episodios de violencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte para su análisis y dictamen.
