– Se les deben proporcionar herramientas para desenvolverse en un entorno cada vez más digital.
San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de garantizar que este sector de la población pueda acceder a nuevas tecnologías mediante la educación y capacitación necesarias para su uso.
La propuesta establece que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos, deberá conformar cursos de educación básica, informática y alfabetización digital dirigidos a personas adultas mayores, con el fin de fortalecer su desarrollo personal, mejorar sus capacidades educativas y promover su inclusión en el uso de tecnologías de la información.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que hoy gran parte de la vida cotidiana se realiza desde una pantalla: trámites, pagos, registros, citas médicas y solicitudes de apoyo. Para quienes crecieron sin computadoras o teléfonos inteligentes, este entorno puede generar frustración, dependencia o la resignación de no poder realizar un trámite por cuenta propia.
Ruelas Gaitán subrayó que no se trata de falta de interés, sino de falta de oportunidades para aprender. Muchas personas adultas mayores desean usar un celular, revisar mensajes, hacer una cita o consultar información, pero no siempre saben por dónde empezar ni a quién acudir.
El acceso a la educación y a la tecnología no debe depender de la edad. Nadie debería sentirse fuera de lugar por no saber utilizar una aplicación o plataforma. La iniciativa busca que las personas adultas mayores cuenten con más herramientas para desenvolverse en un entorno digital que avanza con rapidez.
La diputada afirmó que estas reformas permitirán que las personas adultas mayores realicen trámites, accedan a servicios y ejerzan sus derechos con mayor autonomía y tranquilidad, avanzando hacia un marco legal más sensible, cercano y acorde con la realidad que viven miles de potosinos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
