– El objetivo es que los municipios identifiquen y destinen reservas territoriales específicas para parques o zonas industriales.
San Luis Potosí, S.L.P.- A propuesta del diputado Luis Fernando Gámez Macías, el pleno del Congreso del Estado aprobó modificaciones al artículo 139 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, con el propósito de que los municipios identifiquen y destinen reservas territoriales específicas para el establecimiento de parques o zonas industriales.
Estas áreas deberán integrarse a los instrumentos municipales de desarrollo urbano y considerar criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos del suelo, conectividad, prevención de riesgos y protección de áreas naturales. Además, se prevé que los ayuntamientos puedan recibir asesoría técnica, jurídica o metodológica mediante esquemas de coordinación institucional o colaboración con el sector privado, conforme a sus capacidades y recursos.
Con esta reforma se avanza en diversos objetivos de la política pública estatal. En primer término, permite distribuir los beneficios del crecimiento económico entre todas las regiones, evitando la concentración de inversiones en la zona metropolitana. También fortalece el papel de las cabeceras de distrito como centros de actividad económica y logística, impulsando su consolidación como polos de empleo y servicios.
La modificación promueve condiciones más equitativas entre municipios al ofrecerles herramientas para planear su desarrollo y mejorar la coordinación entre la planeación urbana y la económica, favoreciendo un crecimiento más equilibrado y sostenible.
La adición establece que los municipios deberán identificar, delimitar y destinar reservas territoriales específicas para parques o zonas industriales, atendiendo criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos, conectividad, protección de áreas naturales protegidas y prevención de riesgos. Estas reservas deberán integrarse a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y contar con infraestructura básica y servicios indispensables para su funcionamiento.
Para ello, los municipios podrán solicitar acompañamiento técnico, jurídico o metodológico mediante mecanismos de coordinación interinstitucional o esquemas de colaboración público-privada, conforme a la disponibilidad de recursos y a sus capacidades administrativas.
