El sistema penal actual no busca la justicia, sino la gestión de exclusiones y la administración de miedos que garanticen la estabilidad de los poderes fácticos. Eugenio Raúl Zaffaroni.
La reciente neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, constituye un evento de naturaleza compleja que trasciende el ámbito de la seguridad pública para insertarse en la criminología política, este suceso se presenta formalmente como el resultado de una investigación de alto impacto bajo los estándares del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, la pulcritud técnica del operativo federal sugiere una ruptura con la inercia del pasado sexenio, lo que nos obliga a cuestionar si estamos ante una genuina evolución del Estado, pues, resulta harto sospechoso que la “abrazoterapia” haya mutado en letalidad quirúrgica precisamente cuando el régimen necesita un distractor mediático de gran calado. Es fascinante observar cómo el sistema de justicia penal recupera la vista justo cuando el olfato político detecta que el barco de la legitimidad comienza a hacer agua por la proa.
El abatimiento del imputado, previo a cualquier formulación de imputación en audiencia inicial, extingue la acción penal conforme al artículo 485 de la ley adjetiva, eliminando así la posibilidad de que el Estado exhiba las redes de corrupción institucional que sostuvieron al CJNG por décadas. Esta muerte, lejos de ser un fracaso procesal, parece una conveniencia jurídica para el gobierno de la doctora Sheinbaum. La ausencia de un juicio oral donde se hubieran ventilado los vínculos entre el “Rey del Huachicol” Sergio Carmona -asesinado en San Pedro Garza García- y las altas esferas del partido en el poder es, sin duda, un alivio para los que hoy ostentan el mando en el centro del país; al muerto no se le interroga, y tampoco se le puede citar para que señale a quienes financiaron las campañas territoriales. El Estado mexicano celebra la eficacia de sus fusiles, quizás porque teme mucho más a la elocuencia de los criminales frente a un juez de control con presencia de la prensa.
Desde una perspectiva de inteligencia estratégica, el operativo de precisión ejecutado en Tapalpa desentona con el historial de deficiencias operativas de las policías preventivas y la propia Guardia Nacional en años previos. Esta metamorfosis del aparato represivo del Estado mexicano hacia una eficacia propia de potencias del primer mundo levanta sospechas fundadas sobre la autoría intelectual del evento. Es de explorado derecho que las capacidades técnicas de geolocalización y señales requieren una infraestructura de la que el México de la austeridad republicana carece por completo, por ello, es normal suponer que el “tiro de precisión” fue, en realidad, una operación con bitácora extranjera ejecutada por manos locales bajo estricta supervisión del vecino del norte. Parece que la soberanía nacional es un concepto elástico que se encoge cuando la Casa Blanca eleva el tono y se estira cuando hay que dar conferencias matutinas para el consumo del pueblo bueno.
La coyuntura política actual, marcada por la crisis de legitimidad de Morena tras la estrepitosa salida de Adán Augusto López y las filtraciones del libro de Julio Scherer, exigía una narrativa de “fuerza de Estado” que opacara los escándalos de corrupción interna. Las denuncias sobre el “zar de la comunicación” Jesús Ramírez y los nexos con el contrabando de combustible han dejado al régimen en una posición de fragilidad ética que difícilmente se revierte con programas sociales. El timing de la neutralización del capo parece diseñado en un laboratorio de manejo de crisis más que en un búnker de planeación táctica militar. Es la clásica maniobra de control de daños donde el sacrificio de un alfil criminal permite que la reina política respire un poco más de aire puro frente a la opinión pública nacional. Qué fortuna que los criminales más buscados tengan la gentileza de aparecer justo cuando la capacidad de resistencia institucional del partido oficialista se encuentra en cuidados intensivos.
En este sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas resulta letra muerta ante la opacidad con la que se manejan los expedientes de enriquecimiento oculto y conflicto de interés de la cúpula gobernante. El andamiaje jurídico diseñado para sancionar las faltas administrativas graves parece haber sido neutralizado por una voluntad política que prioriza la lealtad partidista sobre el cumplimiento del servicio público. La simulación de investigaciones internas en la Secretaría de la Función Pública no es más que un ejercicio de prestidigitación legal para proteger a los artífices de las redes clientelares que hoy se ven expuestas en los testimonios de los antiguos aliados, mientras no exista una fiscalía verdaderamente autónoma, el combate a la corrupción seguirá siendo un espectáculo de luces diseñado para entretener a la galería mientras se saquean las arcas. Resulta enternecedor que el régimen intenta darnos lecciones de derecho administrativo, cuando sus principales cuadros operan con una impunidad que envidiaría el mismísimo tribunal de la Inquisición.
En el caso particular de San Luis Potosí, el abatimiento de la cabeza de la “organización de las cuatro letras” coloca al estado en una situación de riesgo criminológico inminente debido a la probable fragmentación de la estructura en células autónomas. Este fenómeno de atomización delictiva suele incrementar los niveles de violencia extrema, ya que los antiguos subordinados buscarán consolidar feudos regionales mediante una capacidad de fuego desmedida. Esta circunstancia representa una prueba de fuego para la Guardia Civil del Estado, especialmente ante la iniciativa de ley que pretende dotar de facultades de investigación a los policías estatales, funciones que hoy son reserva exclusiva de la Policía de Investigación de la Fiscalía General. Otorgar estas atribuciones en medio de una guerra de sucesión criminal podría ser el ingrediente perfecto para un desastre operativo de proporciones mayúsculas. Confiaremos la investigación de delitos a una corporación que apenas está aprendiendo a patrullar, justo cuando los sicarios se están dividiendo el estado como si fuera un botín de guerra.
Finalmente, es imperativo reflexionar sobre la evidente injerencia de las agencias norteamericanas en estos eventos, los cuales se convertirán en una constante ante la subordinación real del Estado mexicano a las políticas de seguridad de Washington. La presidenta continuará negando estos acuerdos tras bambalinas, pero la realidad de una administración estadounidense que no tolerará el monopolio mexicano de las drogas sintéticas es innegable. Para el Pentágono y la DEA, México no posee un mando único confiable, sino que es un territorio secuestrado por organizaciones que ellos prefieren regular y administrar desde el exterior. Nos guste o no, nuestro país sigue desempeñando el papel histórico de frontera de amortiguamiento, tanto para la migración ilegal, como para contener agresiones militares en un futuro incierto. El Estado mexicano ha aceptado su papel como el prefecto de un internado propiedad de Washington, cuya única función es contener el caos intramuros para que los gritos de la barbarie no interrumpan el sueño tranquilo del vecino del norte.
Para concluir, resulta imperativo rescatar la advertencia de Eugenio Raúl Zaffaroni sobre la deriva del poder punitivo, quien sostiene que cuando el Estado renuncia a su función de contención del dolor, se convierte en un instrumento de selección de víctimas y protección de privilegios. En este sentido, México se ha erigido como un referente global, funcionando como una suerte de laboratorio clínico para el estudio de la penetración de las estructuras criminales en el tejido del poder legítimo. La realidad nacional se manifiesta como una contradicción y una entelequia, es decir, una construcción que existe en el discurso legal pero que carece de sustancia en la práctica, donde la soberanía es apenas una ficción jurídica que se desmorona ante el control territorial de facto. Es una entelequia porque, aunque los gobiernos emergen de procesos electorales formalmente democráticos, la operatividad del Estado está secuestrada por un suprapoder que dicta la agenda real desde la clandestinidad. El sistema político mexicano sobrevive por conveniencia, pacta por debajo de la mesa para evitar el colapso, mientras que el pueblo permanece subyugado, ya sea por una parálisis derivada de la cobardía cívica o por encontrarse estructuralmente inerme ante una capacidad de fuego y un poder económico que corrompe, sin distinción de rango, a las autoridades civiles y militares. México es, en última instancia, el escenario donde la democracia se disfraza de autoridad mientras le pide permiso a la barbarie para poder encender las luces del palacio cada mañana.
Ya llegó el carnaval, último reducto pagano antes de la Semana Santa, o como ustedes suelen llamarle: “la fiesta antes de las vacaciones”. Me resisto a creer que Jesús vino a la tierra y murió por nuestros pecados, solo para salvar al turismo, -dejaríamos de ser México.
@gandhiantipatro
