San Luis Potosí, S.L.P. – Con el firme objetivo de robustecer el marco legal contra la violencia de género y garantizar entornos de trabajo seguros, la diputada Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Esta propuesta busca específicamente que el acoso sexual y el hostigamiento laboral sean clasificados como faltas administrativas graves para los servidores públicos.
La legisladora argumentó que, si bien estas conductas ya se encuentran tipificadas en el Código Penal del Estado y en la Ley de los Trabajadores, existe un vacío en la legislación de responsabilidades administrativas. Al no estar definidos explícitamente como faltas graves en esta ley, se dificulta la aplicación de sanciones ejemplares dentro de la administración pública. Vázquez Hernández enfatizó que para lograr ambientes laborales igualitarios y equitativos, es imperativo que las instituciones sean espacios libres de todo tipo de violencia, especialmente para las mujeres, quienes son las principales víctimas de estas conductas.
La iniciativa propone definiciones precisas para evitar ambigüedades en su aplicación. Se definirá como responsable de acoso sexual a la persona servidora pública que ejerza acciones, comportamientos o expresiones físicas o verbales de tipo sexual con el fin de causar perjuicio. Por otro lado, el hostigamiento se identificará como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real, manifestado a través de conductas hostiles, vejatorias y sistemáticas destinadas a amedrentar, excluir o provocar la renuncia de la víctima.
Esta reforma es un paso fundamental, ya que el hostigamiento no solo afecta la productividad, sino que atenta directamente contra la integridad física y moral de los trabajadores. Al elevar estas conductas a la categoría de “faltas graves”, los funcionarios que incurran en ellas podrían enfrentar sanciones severas, que van desde la suspensión hasta la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.