– La actualización normativa define a las micro, pequeñas y medianas empresas y las integra como sector prioritario en adquisiciones, arrendamientos y servicios.
San Luis Potosí, S.L.P.- La Comisión de Hacienda del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que modifica diversos artículos de la Ley de Adquisiciones del Estado, derivado de la iniciativa presentada por el diputado Luis Emilio Rosas Montiel. La diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la comisión, informó que la reforma establece de manera explícita el concepto de Mipymes como “Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, homologándolo con la legislación federal y otras normas estatales.
El dictamen incorpora a las Mipymes como sector prioritario para ser considerado por las instituciones públicas al contratar servicios y arrendamientos, con el objetivo de alentar, proteger y fortalecer la industria y el comercio local. Robles Chairez explicó que esta normalización evita confusiones derivadas del uso del acrónimo y brinda mayor claridad jurídica.
Durante el análisis, se revisó también la propuesta de destinar el 30 por ciento de las contrataciones públicas a empresas potosinas. La comisión determinó que esta medida no es viable, ya que generaría una ventaja competitiva indebida y afectaría la equidad en los procesos de licitación. Recordó que el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones ya establece que las instituciones deben garantizar las mejores condiciones técnicas y económicas, y que, en igualdad de circunstancias, se debe preferir a proveedores locales, incluidas las Mipymes.
Asimismo, se revisó la propuesta de otorgar prioridad a empresas con el distintivo “Hecho en San Luis Potosí”. La comisión señaló que este reconocimiento tiene una vocación distinta en la Ley de Desarrollo Económico, orientada a promover productos locales, pero no constituye un criterio técnico para adjudicaciones o licitaciones.
En la misma sesión se aprobó un dictamen que autoriza a la Junta Estatal de Caminos la baja administrativa de bienes muebles por inexistencia, tras acreditarse la imposibilidad de localizarlos o recuperarlos, sin perjuicio de responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse.
Los dictámenes serán turnados al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación.
