– Habrá un marco normativo actualizado, claro y efectivo para prevenir, atender y sancionar estas conductas: diputada Diana Ruelas Gaitán.
San Luis Potosí, S.L.P.- Con el propósito de dotar al Estado de un marco jurídico más sólido y eficaz para combatir el acoso sexual, la diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, a fin de sancionar esta conducta en todas sus modalidades y fortalecer la protección de las víctimas.
La propuesta establece que comete el delito de acoso sexual quien, en ejercicio abusivo de poder o sin relación de subordinación, realice actos que generen intimidación, indefensión, riesgo u hostilidad hacia la víctima, o demande actos de naturaleza sexual con fines lascivos, afectando su libertad y dignidad sexual, independientemente de que la conducta ocurra en uno o varios eventos.
Actualmente, el delito contempla penas de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días de la unidad de medida y actualización. La iniciativa plantea incrementar estas sanciones de tres a cinco años de prisión y de 300 a 500 días multa cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.
También se prevén agravantes cuando se utilicen datos personales sensibles para facilitar la aproximación a la víctima, o cuando se incumplan medidas de protección, órdenes de restricción u otras disposiciones dictadas por la autoridad. En caso de que el agresor sea servidor público o docente y utilice los medios que su cargo le proporciona, además de la pena correspondiente, será destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
La iniciativa contempla sanciones de tres a siete años de prisión en caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos.
La diputada Ruelas Gaitán destacó que esta propuesta representa un paso firme hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde las conductas que vulneran la libertad y dignidad de las personas no sean toleradas ni normalizadas, sino sancionadas con la firmeza que corresponde.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
