– El área jurídica del Congreso dialogará con la Suprema Corte para definir rutas de cumplimiento ante restricciones presupuestales.
San Luis Potosí, S.L.P.- La Conferencia del Congreso del Estado se constituyó formalmente como ente consultante para dar seguimiento al ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la realización de consultas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, informó el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política.
El legislador explicó que, conforme a las rutas establecidas para cumplir la resolución, se requiere un presupuesto mayor al ejercido en procesos de consulta anteriores. Sin embargo, señaló que el Poder Legislativo no cuenta con dichos recursos y, debido a la reciente reforma constitucional aprobada, tampoco puede solicitar una ampliación presupuestal.
La reforma establece que las legislaturas estatales que ya se encuentren dentro del límite previsto en el artículo 116 constitucional no podrán autorizar incrementos reales a su presupuesto respecto al monto aprobado para 2026, ni aumentar su proporción dentro del presupuesto de egresos estatal en ejercicios subsecuentes.
Serrano Cortés indicó que el Congreso ha cumplido con los tiempos y obligaciones establecidos, por lo que el siguiente paso será informar a la Suprema Corte sobre la situación presupuestal y solicitar orientación respecto a los mecanismos para garantizar el cumplimiento del mandato. “El jurídico acudirá a la Corte para exponer el escenario y preguntar cómo proceder, ya que estamos impedidos para solicitar cualquier incremento”, señaló.
El diputado añadió que el proceso implica costos significativos, como la contratación de traductores, personal técnico y figuras especializadas para llevar a cabo las consultas en las distintas comunidades, por lo que es indispensable contar con recursos suficientes. Subrayó que se buscarán alternativas jurídicas que permitan avanzar sin vulnerar los principios establecidos en materia de derechos indígenas y participación comunitaria.
El informe correspondiente será entregado al máximo órgano jurisdiccional en los próximos días.
