– La iniciativa reconoce la filiación como un derecho irrenunciable y fortalece el acceso a la información biológica y genética.
San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado con el propósito de garantizar plenamente el derecho a la identidad, al considerar que la legislación vigente prioriza la seguridad jurídica del estado civil por encima del acceso de hijas e hijos a conocer su origen biológico, información relevante para su salud, desarrollo y construcción de la personalidad.
La legisladora señaló que el desconocimiento de antecedentes genéticos y ascendencia biológica genera vacíos en la identidad personal y limita el ejercicio del derecho a la salud preventiva, al impedir identificar posibles predisposiciones hereditarias.
La propuesta plantea modificar el artículo 168 para establecer que la filiación es un derecho irrenunciable de toda persona desde su nacimiento o adopción, e incorpora de manera explícita el derecho a conocer el origen biológico, la ascendencia y los antecedentes genéticos.
El proyecto también establece que el Estado, así como quienes ejercen la patria potestad o tutela, deberán preservar esta información y facilitar su acceso, atendiendo al interés superior de la niñez y a la autonomía progresiva. Se reconoce además que, al alcanzar la mayoría de edad —o antes, mediante representantes legales por causas justificadas de salud o identidad—, cualquier persona podrá solicitar la práctica de pruebas para conocer su realidad biológica, aun sin intención de impugnar la filiación legal existente.
En los juicios de contradicción de paternidad, la iniciativa prevé que sean escuchados la madre, el padre y la hija o hijo; en caso de menores de edad, se designará una persona tutora interina que vele prioritariamente por el interés superior de la niñez y el acceso a la verdad sobre su identidad.
Ruelas Gaitán destacó que el derecho al nombre, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y, en general, a la identidad, constituye la base para acceder a otros derechos esenciales como salud, educación, protección e inclusión social. La iniciativa fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis y dictamen.
