– La iniciativa busca fortalecer la confianza pública mediante mecanismos preventivos de verificación.
San Luis Potosí, S.L.P. — El diputado Héctor Serrano Cortés presentó iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley Electoral del Estado y la Ley de Control de Confianza, con el propósito de incorporar la condición de integridad y confiabilidad como requisito para la postulación democrática de candidaturas a cargos de elección popular.
La propuesta establece que quienes aspiren a una candidatura deberán acreditar condiciones de integridad y confiabilidad conforme a los procesos previstos en la legislación electoral. Estos mecanismos tendrán carácter preventivo y estarán orientados a fortalecer la confianza pública en las personas postuladas, sin constituir filtros arbitrarios ni sancionadores.
En la exposición de motivos, el legislador señala que el Estado constitucional puede adoptar medidas razonables para proteger la democracia frente a riesgos estructurales, como la infiltración de intereses contrarios al orden constitucional. Este enfoque se vincula con la doctrina de autodefensa constitucional, entendida como la facultad del sistema democrático para preservar sus condiciones de existencia sin vulnerar derechos fundamentales.
Serrano Cortés explicó que la iniciativa no genera presunción de culpabilidad ni inelegibilidad automática, pues parte del principio de elegibilidad. Tampoco invade facultades del Instituto Nacional Electoral ni altera atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Su finalidad es introducir una condición de integridad que deberá acreditarse mediante la Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad.
La certificación se realizará conforme a los procesos de evaluación establecidos en la Ley de Control de Confianza del Estado, a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza, garantizando que los procedimientos cumplan con los lineamientos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
El diputado destacó que el modelo propuesto es compatible con derechos fundamentales, proporcional, objetivo y susceptible de control jurisdiccional. Su implementación —dijo— fortalecerá la integridad electoral, el blindaje institucional y la confianza pública, además de contribuir a la protección del orden constitucional.
La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictamen.
