– La medida permitiría aplicar actividades no remuneradas en beneficio de la colectividad, como limpieza de espacios públicos o apoyo en campañas de concientización.
San Luis Potosí, S.L.P. — Con el propósito de diversificar las sanciones administrativas y promover medidas más proporcionales y útiles para la ciudadanía, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa para adicionar el artículo 84 Bis a la Ley de Tránsito del Estado, a fin de incorporar expresamente el trabajo comunitario como una opción sancionatoria.
La legisladora señaló que actualmente la ley contempla únicamente la multa y la suspensión o cancelación de licencias o permisos especiales. Si bien estas medidas son necesarias para garantizar el orden y la seguridad vial, no siempre resultan equitativas, especialmente cuando el infractor no cuenta con recursos económicos suficientes o cuando se trata de faltas menores que podrían aprovecharse para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y comunidad.
La propuesta establece que el trabajo comunitario podrá aplicarse como sanción sustitutiva o complementaria, de acuerdo con la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica del infractor, en los términos que determine el reglamento correspondiente. Esta medida consistirá en la realización de actividades no remuneradas en beneficio de la colectividad, como limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano, apoyo en campañas de concientización ciudadana u otras tareas análogas definidas por la autoridad competente.
La iniciativa precisa que la aplicación del trabajo comunitario deberá sujetarse a los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación, y no podrá exceder de 36 horas.
Jáuregui Mendoza destacó que esta propuesta no solo amplía las herramientas sancionatorias del Estado, sino que también se alinea con los principios de justicia cívica, participación social y prevención no punitiva, favoreciendo la educación vial, la corresponsabilidad ciudadana y el sentido de pertenencia a los espacios públicos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis.
