– Se busca garantizar que su actuación sea apegada a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
San Luis Potosí, S.L.P. — El Pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los 59 ayuntamientos a realizar las acciones necesarias que permitan que sus elementos de seguridad pública reciban, o en su caso refuercen, la capacitación indispensable para asegurar una actuación conforme a la legalidad y al respeto de los derechos humanos de la población.
La propuesta, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, establece que la capacitación debe abarcar temas como derechos humanos, detenciones arbitrarias, debido proceso, principios de legalidad y presunción de inocencia, policía de proximidad, mediación y solución pacífica de conflictos, ética pública y responsabilidad administrativa.
El documento señala que se han documentado prácticas indebidas por parte de algunos elementos de tránsito y policía municipal, entre ellas detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, ausencia de esquemas de proximidad social y conductas que vulneran la presunción de inocencia o derivan en falsas acusaciones durante hechos viales. Estas situaciones han sido notificadas formalmente al Congreso del Estado, solicitando su intervención para evitar que continúen en perjuicio de la ciudadanía.
El dictamen subraya que estas conductas constituyen un ejercicio indebido de la función pública y pueden configurarse como abuso de autoridad, entendido como el uso incorrecto o excesivo de una posición de poder para obtener beneficios personales, intimidar, manipular o actuar de manera ilegal, incluso incurriendo en posibles delitos.
Por ello, el punto de acuerdo enfatiza la necesidad de que las corporaciones municipales actúen estrictamente dentro del marco legal, garantizando la legalidad de las detenciones, la correcta aplicación de procedimientos administrativos y cívicos, y el respeto pleno a los derechos humanos.
La diputada Rocha Medina destacó que las prácticas arbitrarias y las violaciones al debido proceso no solo son inconstitucionales, sino que también debilitan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. Subrayó que resulta prioritario reforzar la capacitación continua, investigar de manera seria las denuncias por abuso de autoridad y aplicar sanciones cuando se acrediten irregularidades, además de contar con mecanismos eficaces de supervisión.
El dictamen aprobado considera oportuno realizar un llamado respetuoso a los 59 municipios para que, dentro de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias que aseguren la capacitación permanente de sus elementos policiales, con el fin de garantizar una actuación profesional, legal y respetuosa de los derechos humanos.
