San Luis Potosí, S.L.P. La LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el decreto mediante el cual se expide la Ley de Justicia Cívica para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí. El nuevo ordenamiento legal —promovido originalmente por el diputado Rubén Guajardo Barrera— dota a los ayuntamientos de un marco normativo uniforme para la atención, mediación y resolución de conflictos comunitarios y faltas administrativas que no constituyen delitos penales.
La legislación establece la obligación de crear juzgados cívicos en la entidad, los cuales operarán con autonomía técnica y de gestión. Este diseño institucional regulará de forma estricta los perfiles del personal ejecutor y garantizará el debido proceso tanto para los quejosos como para los probables infractores a través de un Procedimiento Ordinario regulado por etapas precisas. El esquema prioriza la adopción de mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa para agilizar la reparación del daño de forma expedita.
Bajo el principio de autonomía municipal, cada ayuntamiento mantendrá la facultad de estructurar su propio catálogo de infracciones dentro de sus reglamentos internos de policía y buen gobierno, ajustándose a sus capacidades presupuestales. No obstante, la ley general fija parámetros claros para individualizar las sanciones, las cuales podrán consistir en amonestaciones, multas, arrestos en áreas especializadas, o bien, la realización de trabajo en favor de la comunidad. Asimismo, obliga a las administraciones locales a implementar juzgados itinerantes para acercar estos servicios a zonas de difícil acceso o con altos índices de marginación social.
