La comisión del Trabajo del Congreso local aprobó reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
San Luis Potosí, S. L. P. La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, aprobó una iniciativa que propone modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, para así incorporar el concepto de violencia, acoso y hostigamiento laboral con perspectiva de género, informó el presidente de la citada Comisión, diputado Mauricio Ramírez Konishi.
Al respecto, el legislador apuntó que “debe de comprenderse que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas; a su dignidad, y a su entorno familiar como social. También afectan la calidad de los servicios públicos como privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado del trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente.”
Con la aprobación de la iniciativa, se establece como Acoso sexual: A una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder, que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Al mismo tiempo se incorpora el concepto de Hostigamiento, entendido como: El ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas.
Así mismo, se agrega el concepto de Violencia y Acoso Laboral, el cual fue caracterizado como: Conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi agregó que la violencia y el acoso también afectan la calidad de los servicios públicos como privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado del trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente.
En su oportunidad, el dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
