San Luis Potosí, S.L.P. En una mesa de trabajo conjunta con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diputadas y diputados locales acordaron la elaboración de un protocolo metodológico para definir los mecanismos, sedes y fechas en que se llevarán a cabo las consultas obligatorias dirigidas a pueblos indígenas y personas con discapacidad, en cumplimiento con los mandatos emitidos por el máximo tribunal del país.
El anuncio fue coordinado por la presidenta de la Directiva del Poder Legislativo, Sara Rocha Medina, en compañía del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Roberto García Castillo, y el secretario de la misma, Héctor Serrano Cortés. Las autoridades parlamentarias detallaron que la presencia del personal de la SCJN en la entidad obedece a un esfuerzo coordinado de tres meses de planeación para estructurar una metodología firme que cuente con el aval previo del órgano jurisdiccional antes de ser implementada en las comunidades, blindando así el proceso ante futuras impugnaciones.
Uno de los ejes principales debatidos durante el encuentro técnico fue la viabilidad financiera del proyecto. Al respecto, el diputado Serrano Cortés expuso que el Congreso enfrenta restricciones debido a la imposibilidad jurídica de autorizar una ampliación presupuestal. Por tal motivo, la estrategia legislativa contempla el diseño de un protocolo que logre reducir los costos operativos hasta en un 80 por ciento, abriendo la posibilidad de signar un convenio de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado para que la consulta sea ejecutada a través del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, un escenario que se formalizará tras reuniones institucionales próximas.
