El nuevo jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ha sido recibido con entusiasmo dentro y fuera del país, no solo por su estética, sino por el homenaje que rinde al Calendario Azteca, uno de los íconos más reconocibles de la herencia cultural mexicana. El diseño, que recuerda a la emblemática camiseta de 1998, se ha convertido en una pieza codiciada por la afición y en un éxito de ventas inmediato.
Sin embargo, detrás de este fenómeno comercial existe un proceso administrativo que revela un contraste que hoy genera debate: el monto pagado por Adidas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder utilizar este símbolo prehispánico. La empresa presentó el 3 de abril de 2025 una solicitud formal para reproducir la iconografía del Calendario Azteca en diversas prendas, desde uniformes y gorras hasta chamarras y accesorios, en colecciones que podrían sumar más de 20 mil piezas.
El INAH autorizó el uso del diseño un día después, con la única condición de retirar la imagen central del calendario —empleada como base del logotipo del propio instituto— para evitar confusiones de identidad. Una vez ajustado el gráfico, la marca alemana obtuvo luz verde para producir y comercializar la indumentaria mundialista sin restricciones legales.
Lo que más ha llamado la atención es el pago que Adidas realizó a cambio de explotar uno de los símbolos más valiosos del patrimonio cultural mexicano: apenas 41,265 pesos, en cumplimiento del artículo 288-C de la Ley Federal de Derechos. Esa cifra, considerada mínima frente a las ganancias millonarias que generará la camiseta del anfitrión del Mundial 2026, quedó depositada en la cuenta del INAH como tarifa oficial por la reproducción autorizada.
Mientras tanto, el jersey ya se ha consolidado como uno de los más llamativos y taquilleros rumbo a la Copa del Mundo. La playera que portará México en su debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca promete romper récords de ventas, dejando en evidencia el enorme valor comercial del diseño frente al exiguo monto que recibió el Estado mexicano por permitir su utilización.
