– La propuesta plantea que el Registro Civil sea la instancia responsable de integrar y administrar el padrón.
San Luis Potosí, S.L.P. — Con el propósito de fortalecer el funcionamiento del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y garantizar su correcta operación, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado, mediante la cual se propone que dicho padrón quede a cargo del Registro Civil.
La legisladora señaló que la propuesta busca cerrar brechas institucionales y enviar un mensaje claro: en San Luis Potosí, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no será tolerado ni quedará sin consecuencias, pues garantizar alimentos es garantizar la vida y el bienestar de niñas, niños y personas dependientes.
La iniciativa establece que una persona será considerada deudora alimentaria morosa cuando incumpla con la entrega de alimentos durante sesenta días continuos o cuando deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años. En estos casos, la o el Juez de lo Familiar ordenará de oficio su inscripción en el padrón, el cual sería administrado por el Registro Civil.
El Registro Civil tendría a su cargo la integración, actualización, resguardo y administración del padrón, así como la expedición de constancias sobre la inscripción o no inscripción de una persona. La propuesta también incorpora la posibilidad de que la autoridad judicial, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pueda notificar a autoridades competentes para restringir la salida del país de quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias, evitando la evasión mediante el abandono del territorio nacional. Esta medida no sería automática, sino sujeta a valoración judicial para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se contempla el derecho de las personas inscritas a solicitar la cancelación de su registro una vez que hayan cumplido totalmente con sus obligaciones, mediante un procedimiento claro y ágil que permita su plena reintegración jurídica.
La iniciativa también refuerza los criterios para determinar el monto de los alimentos, estableciendo que, cuando no sea posible comprobar los ingresos de la persona deudora, la autoridad deberá considerar su capacidad económica y el nivel de vida que haya mantenido en los últimos dos años.
En su exposición de motivos, Hernández Ramírez subrayó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no puede seguir tratándose como un asunto menor o privado, pues constituye una forma de violencia económica que afecta principalmente a mujeres y niñas, generando desigualdades que el Estado debe atender. La propuesta fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis.
