San Luis Potosí, S.L.P.– El diputado Luis Emilio Rosas Montiel presentó un punto de acuerdo dirigido a autoridades estatales y a los 59 ayuntamientos, con el objetivo de priorizar el uso de acero fabricado por empresas potosinas en la ejecución de obra pública, fortaleciendo así la industria local, protegiendo empleos y mitigando el impacto de la volatilidad internacional y los aranceles al acero.
Como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, Rosas Montiel señaló que esta medida busca que el gasto en infraestructura se traduzca en más empleo y valor agregado dentro de la entidad, aprovechando la capacidad instalada y la calidad de la cadena siderúrgica potosina. “Cada peso invertido en obra pública puede y debe detonar beneficios locales; consumir acero potosino significa respaldar a nuestras y nuestros trabajadores y fortalecer a las empresas que ya invierten aquí”, afirmó.
El exhorto propone orientar las compras públicas hacia proveedores locales, sustituyendo importaciones, reduciendo la brecha externa del sector y brindando certidumbre para nuevas inversiones. La propuesta reconoce al sector público como comprador estratégico de insumos para la construcción, convocando a dependencias estatales, municipales, paraestatales y contratistas a incorporar criterios de origen local en sus procesos de contratación, en apego a la normatividad vigente.
El legislador recordó que en 2019 San Luis Potosí ocupaba el segundo lugar nacional en producción de acero, y en 2024 cayó al quinto lugar, con una pérdida del 20% en valor de producción. Actualmente, el estado cuenta con 63 unidades económicas en el sector, entre ellas Grupo Acerero, Grupo Sime, Suacero, Outokumpu Mexinox y PEASA.
La Cámara Nacional del Acero estima que los aranceles impuestos por Estados Unidos podrían provocar la pérdida de hasta 700 mil empleos en México, considerando que el 84% de las exportaciones mexicanas de acero tienen como destino ese país. En junio de este año, tras la reducción de aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció que todas las licitaciones de obra pública federal deben utilizar acero mexicano.
El diputado también detalló que en el presupuesto estatal de obra pública e infraestructura para 2024 se asignaron 3,500 millones de pesos, distribuidos entre San Luis Potosí (427 millones), Ciudad Valles (casi 500 millones), Soledad de Graciano Sánchez (437 millones), Tamazunchale (270 millones), Rioverde (131 millones) y Matehuala (75 millones).
El punto de acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen, y será sometido a consideración del Pleno en próximas sesiones.
