– La propuesta establece sanciones de ocho a quince años de prisión y reparación integral del daño.
San Luis Potosí, S.L.P. — La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, a fin de incorporar el delito de abuso sexual por embarazo infantil y renombrar el capítulo III como “Del Embarazo Infantil y el Estupro”. La propuesta busca sancionar a toda persona mayor de edad que provoque el embarazo de una menor de catorce años, independientemente de que exista o no consentimiento.
La iniciativa plantea que este delito se persiga de oficio en todos los casos y contemple una pena de ocho a quince años de prisión, además de una sanción pecuniaria de quinientas a mil unidades de medida y actualización. También propone la pérdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho familiar respecto del producto del embarazo, así como la obligación de una reparación integral del daño que incluya atención médica, psicológica y especializada para la menor.
Asimismo, se prevé el incremento de las penas cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles para facilitar el acercamiento; si el agresor es servidor público o familiar de la menor; o cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud física o emocional de la víctima. En los casos que involucren a servidores públicos, se contempla además la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones por un periodo igual al de la pena de prisión.
En su exposición de motivos, la legisladora citó datos de la Organización Mundial de la Salud que evidencian la magnitud del abuso sexual infantil a nivel global y su relación con embarazos no deseados. Señaló que este fenómeno está vinculado a desigualdades estructurales y afecta con mayor frecuencia a niñas y adolescentes en contextos de pobreza y con limitado acceso a la educación.
El embarazo infantil y adolescente, indicó, es un problema multifactorial que profundiza la desigualdad y perpetúa ciclos de violencia, por lo que resulta necesario fortalecer el marco jurídico para garantizar mayor protección a las víctimas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
