Comisión Primera de Justicia aprueba reforma para que el abandono de personas vulnerables se investigue de oficio

– La modificación al Código Penal garantiza claridad en la forma de proceder, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad.

San Luis Potosí, S.L.P. — Las y los integrantes de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que reforma el Código Penal para establecer que el delito de abandono sea investigado de oficio cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad, informó la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión.

La legisladora explicó que la normativa vigente no contempla expresamente a adolescentes ni a personas con discapacidad, por lo que la reforma adquiere relevancia al precisar el alcance de la protección penal. La iniciativa fue presentada por la diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza y será sometida a votación del Pleno.

El objetivo es que el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en su modalidad de abandono de persona, se persiga de oficio en los casos mencionados, obligando al Ministerio Público a actuar con debida diligencia para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

Como parte del análisis, se solicitó la opinión de la Fiscalía General del Estado, que señaló que, en términos generales, los delitos se persiguen de oficio salvo que la ley establezca lo contrario. En este caso, indicó que los delitos previstos en los artículos 204 y 204 Bis ya se persiguen de oficio, pero coincidió en la importancia de clarificarlo en la codificación penal para evitar interpretaciones ambiguas.

La diputada Vázquez Hernández detalló que la reforma precisa que la investigación deberá iniciarse de oficio cuando las víctimas pertenezcan a los grupos mencionados, reforzando la certeza jurídica. Agregó que no se incorporaron disposiciones adicionales sobre acceso a la justicia o debida diligencia, dado que estos principios ya se encuentran establecidos en la legislación aplicable, incluida la normativa de atención a víctimas.

Con esta modificación, la Comisión determinó viable y procedente el dictamen, al fortalecer la claridad normativa y garantizar la protección de personas en situación de vulnerabilidad.