San Luis Potosí, 2 de octubre de 2025
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura continúa el análisis de iniciativas para reformar la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, enfocadas en el retiro de vehículos chatarra abandonados en la vía pública y la inclusión de sistemas de retención infantil como medida obligatoria de seguridad vial. La presidenta de la comisión, diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, informó que se solicitó la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para concluir el dictamen y presentarlo al Pleno.Estas propuestas, impulsadas por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, buscan abordar problemas crónicos de orden público, contaminación y seguridad en las vialidades potosinas. El exhorto a los 59 municipios insta a intensificar operativos policiales para identificar y remover vehículos en abandono, recuperando espacios públicos y reduciendo focos de contaminación ambiental, así como la proliferación de fauna nociva que representa un riesgo sanitario. “Los vehículos chatarra no solo obstruyen la movilidad, sino que generan acumulación de basura y contaminantes como aceites y metales pesados, afectando la salud de las comunidades. Con esta reforma, promovemos una movilidad ordenada y segura, alineada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, explicó Jáuregui Mendoza.La iniciativa complementa reformas previas a la Ley de Tránsito, como las aprobadas en 2023 que permiten el remolque de vehículos abandonados en pensiones y vías públicas, con multas de hasta 20 UMAs (alrededor de $2,174 pesos) y la posibilidad de subasta o destrucción de chatarra tras notificación al propietario. En San Luis Potosí, donde se estiman más de 5,000 vehículos abandonados en la zona metropolitana, estos operativos han liberado espacios equivalentes a 10 hectáreas en los últimos dos años, según datos de la SCT estatal.Paralelamente, se analiza la adición del concepto de Sistemas de Retención Infantil (SRI), definidos como dispositivos de seguridad para limitar la movilidad del cuerpo en menores de 12 años, reduciendo riesgos de lesiones en colisiones o frenadas bruscas. Esta medida, inspirada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y normativas internacionales como la OMS, busca proteger a la niñez en traslados diarios, considerando que los accidentes viales son la principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años en México. La propuesta obliga su uso en vehículos particulares y de transporte escolar, con sanciones de 10 a 30 UMAs por incumplimiento, y campañas de concientización para padres y conductores.Jáuregui Mendoza resaltó que estas reformas responden a la necesidad de modernizar la legislación vial, que data de 2022 con actualizaciones menores, para adaptarla a la realidad potosina. “Con el respaldo de la SCT y la Consejería Jurídica, avanzaremos en un dictamen integral que priorice la seguridad y la sostenibilidad. Estas acciones no solo evitan tragedias, sino que fomentan una cultura de responsabilidad compartida en la movilidad”, concluyó. Las iniciativas continuarán su trámite para ser dictaminadas a la brevedad y votadas en el Pleno, consolidando el compromiso del Gobierno del Estado con una vialidad ordenada y protectora para todos los potosinos
