San Luis Potosí, S.L.P.- En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal para tipificar como delito los llamados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG), prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
La reforma adiciona el Capítulo VIII al Código Penal, bajo el título “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, incluyendo el artículo 190 Bis, que establece penas de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen, impartan, obliguen o financien cualquier tratamiento, terapia o práctica que obstaculice, suprima o menoscabe la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Las sanciones se duplicarán si las conductas se cometen contra menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. En casos donde el agresor tenga una relación de subordinación con la víctima —como laboral, docente, médica o doméstica— o ejerza violencia física, psicológica o moral, se aplicará además la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo igual a la pena impuesta.
También se reformó la Ley de Salud del Estado, adicionando el artículo 380 Ter, que sanciona con suspensión profesional de uno a tres años a quienes, desde disciplinas médicas o de salud, practiquen o financien intervenciones que pretendan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
La reforma establece que basta la presentación de una denuncia para iniciar la investigación, y que el Ministerio Público será sancionado en caso de omisión. En situaciones donde el sentenciado no garantice atención médica o psicológica a la víctima, las autoridades competentes deberán proporcionarla.
Durante la misma sesión, se aprobaron modificaciones a los decretos que expiden la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, y se autorizó la solicitud de licencia de la diputada Martha Patricia Aradillas. En su lugar, rindió protesta la diputada suplente Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez.
