Tras la veda electoral, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado se reunirá con parteras tradicionales para evaluar posibles modificaciones a la reciente reforma de la Ley de Salud.
La presidencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado ha anunciado que, una vez concluida la veda electoral, se programará una reunión para dialogar con parteras tradicionales y considerar ajustes a la reforma de la Ley de Salud recientemente aprobada. Esta iniciativa busca asegurar que las inquietudes y propuestas de las parteras sean adecuadamente atendidas y reflejadas en la normativa.
En sesiones anteriores, representantes de las parteras tradicionales fueron recibidas y escuchadas. Las mujeres manifestaron sus preocupaciones y se les informó sobre el interés del Congreso en revisar la reforma a través de mesas de trabajo con los asesores de la Comisión de Asuntos Indígenas, la Comisión de Salud y diputados interesados. El objetivo es atender estas cuestiones de manera oportuna y efectiva.
El Congreso del Estado está comprometido con escuchar y atender a las parteras tradicionales, robusteciendo y adecuando la ley según sea necesario. La reforma aprobada reconoce oficialmente a las “parteras tradicionales”, definiéndolas como personas pertenecientes a comunidades indígenas y rurales, consideradas personal no profesional autorizado para prestar servicios de atención médica durante el embarazo, parto, puerperio y a la persona recién nacida. Estas parteras adquieren sus conocimientos a través de la práctica y el aprendizaje con otras parteras tradicionales.
La nueva ley también establece que los comités de salud, en coordinación con instituciones de salud y educativas, deben respetar los derechos humanos, usos y costumbres, y aplicar una perspectiva de género e intercultural. En áreas indígenas, esto incluye el uso de términos aplicables y comprensibles.
Además, se estipula que en hospitales generales y regionales que atienden a población indígena, el personal debe estar capacitado en derechos humanos. Estos hospitales deben contar con al menos un traductor de las lenguas náhuatl, téenek y Xi’iuy.
El artículo transitorio segundo de la reforma señala que las autoridades de salud tienen hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir con las obligaciones derivadas de este decreto. Esto incluye la capacitación en derechos humanos, la profesionalización a través de talleres y diplomados con valor curricular dirigidos a parteras profesionales, parteras tradicionales, médicos tradicionales y demás personal de salud en zonas con población indígena, así como la disponibilidad de traductores de la lengua Xi’iuy.
Esta acción legislativa subraya el compromiso del Congreso del Estado con la integración y reconocimiento de las prácticas tradicionales en el sistema de salud, asegurando una atención inclusiva y respetuosa de las diversas culturas del estado.
