– Es necesario que el padrón cumpla con el objetivo de garantizar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes: diputada Jessica Gabriela López Torres.
San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia de la LXIV Legislatura, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, para revisar diversos temas, entre ellos la operatividad del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias.
La legisladora señaló que este padrón podría ser de consulta pública, como ocurre en otras entidades federativas, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su publicidad no vulnera derechos humanos ni resulta inconstitucional. Sin embargo, subrayó que más allá de su carácter público, lo fundamental es que el padrón cumpla efectivamente con su propósito: garantizar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes, evitando que se convierta en un mecanismo ineficaz o contraproducente.
Durante el encuentro se acordó trabajar de manera conjunta para revisar criterios jurisdiccionales, analizar legislaciones de otros estados y construir una propuesta funcional y acorde con las necesidades actuales. También se abordaron temas relacionados con la implementación de procesos orales en materia civil y familiar, un reto que enfrentan no solo San Luis Potosí, sino diversas entidades del país.
En cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se revisó la iniciativa presentada recientemente por la diputada Leticia Vázquez, la cual será analizada a profundidad para elaborar un dictamen armónico y operativo tanto para el Poder Judicial como para el Centro encargado de estos procedimientos. López Torres destacó la importancia de socializar esta legislación, ya que estos mecanismos permiten resolver conflictos mediante el diálogo, evitando procesos judiciales prolongados y fomentando una cultura de paz.
Finalmente, la diputada agradeció la disposición de la magistrada presidenta para mantener una coordinación permanente, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico estatal y generar herramientas más eficaces en beneficio de las y los potosinos.
