San Luis Potosíp, S. L. P.- El diputado local Rubén Guajardo Barrera, exhortó al Gobierno del Estado; al Ayuntamiento de San Luis Potosí; a la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA); a la Comisión Estatal del Agua, (CEA); y al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, (INTERAPAS), para que actúen bajo el criterio de coordinación, para así establecer un Plan Integral de Emergencia Hídrica.
A la vez, pidió que durante esta temporada de crisis, implementen un sistema de información para la población usuaria que está en medio del estrés hídrico. Sobre el tema, dijo que proyecta un Punto de Acuerdo, que propone de manera institucional, a diversas autoridades e INTERAPAS, para que tomen acciones tendientes a paliar crisis ocasionada por los defectos estructurales de la presa El Realito y el acueducto que abastece a territorio potosino.
En el 2009 se realizó una licitación, que fue ganada por la empresa la empresa Aquos, para traer agua, con una inversión de 2 mil 764 millones de pesos con participación federal y estata; en 2015 se puso en operación el acueducto de poco más de 132 kilómetros de largo. El contrato tiene una duración total de 25 años. Sin embargo, a poco más de 7 años de haber entrado en operaciones, sus fallas se han vuelto evidentes, así como las afectaciones que han causado.
Como ya se ha dicho, próximamente se interrumpirá en su totalidad el abasto de agua de El Realito a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, por lo cual, Guajardo Barrera estimó que “posiblemente estamos ante la peor crisis hídrica del Estado, que impacta tanto la dimensión de los derechos de los habitantes, como la materia de obras públicas”.
Por ello, propuso a las autoridades de los tres niveles de gobierno, actuar bajo el criterio de coordinación, en virtud de la Legislación en materia de Agua y de la inversión conjunta realizada, para integrar un plan integral que incluya un plan de comunicación social para aumentar la certeza de la ciudadanía.
Atendiendo a la dimensión de las obras públicas, y dado que la Ley Estatal aplicable contiene elementos como los vicios ocultos, y las causales para la cancelación anticipada de contratos de obras y servicios públicos, propuso exhortar al gobierno estatal a que se analicen las acciones legales que se puedan tomar respecto a defectos de la obra del acueducto, así como la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa española, valorando los elementos normativos del caso, y sobre todo la protección del interés de los habitantes de la zona metropolitana del estado, proyectados a futuro, y prevenir futuras crisis de ésta naturaleza.
