La Delegación de Bienestar en San Luis Potosí se encuentra sumida en un escándalo que huele a podredumbre institucional, el delegado federal, Guillermo Morales López, es señalado por ex Servidores de la Nación y jóvenes trabajadores como el cerebro detrás de una red de corrupción, saqueo de recursos públicos, uso ilegal de datos personales y acoso laboral y sexual dentro de la dependencia. Aseguran que el funcionario ha convertido a la delegación en su negocio personal, en donde los apoyos “fantasma” son práctica común y las tarjetas se reparten entre amigos, familiares y cómplices, mientras que los verdaderos beneficiarios son ignorados o utilizados como fachada.
Según los testimonios, muchos trabajadores optaron por no renovar sus contratos eventuales ante la voracidad de Morales Mendoza, quien no solo toleraba, sino que promovía prácticas fraudulentas: se cobraban apoyos a nombre de personas fallecidas, se activaban tarjetas sin beneficiarios reales, y se manipulaba el sistema para adjudicarse recursos federales. Todo, bajo la protección de un círculo de colaboradores leales que ayudaban a borrar huellas o incluso a intimidar a quienes cuestionaban el modus operandi.
Las acusaciones no se quedan en el ámbito administrativo: varias trabajadoras relataron ser víctimas de acoso laboral y sexual, en un ambiente laboral hostil, represivo y completamente ajeno al supuesto “bienestar” que predica la institución. La indignación crece no solo por la corrupción, sino por la impunidad con la que opera Morales, quien ha tejido una red de intereses que lo mantiene intacto frente a cualquier denuncia.
Incluso el exdirigente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano, rompió el silencio y denunció públicamente la falta de voluntad política para que la Secretaría de la Función Pública investigue a fondo. Lamentó que las múltiples quejas se mantengan engavetadas, y exigió que se tomen medidas reales, no solo discursos vacíos. Recordó también las acusaciones documentadas de Dorian Morua, quien aseguró que al menos cinco millones de pesos fueron desviados durante el periodo electoral con facturas infladas por supuestos viáticos, rentas y alimentos.
Mientras el gobierno federal guarda silencio, la Delegación de Bienestar en San Luis Potosí se desmorona moralmente. No se trata solo de irregularidades administrativas, sino de un abuso estructural de poder. Si el objetivo de estos programas era combatir la desigualdad y apoyar a los más vulnerables, bajo Guillermo Morales han sido utilizados como botín personal y herramienta política. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se permitirá que esta cloaca siga abierta?
