A casi siete años de haber dejado la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto sigue en el centro del debate público, ahora por las dudas en torno al origen y tamaño real de su fortuna. Sus apariciones en zonas exclusivas de Madrid, la compra de propiedades millonarias y las recientes acusaciones de presuntos sobornos relacionados con el software Pegasus, han reactivado las sospechas sobre su situación financiera.
El expresidente fue visto en el barrio de Chamberí, una de las zonas más caras de la capital española, donde adquirió un inmueble que le permitió acceder al “visado dorado” para grandes inversionistas. Esta vida de lujos contrasta con los 49.5 millones de pesos que declaró como patrimonio al dejar el cargo en 2018, un monto que incluye cuentas bancarias, fondos de inversión, obras de arte, joyas y bienes inmuebles, muchos de ellos heredados o donados.
De acuerdo con la plataforma Declaranet, entre 2012 y 2018 Peña Nieto aumentó su saldo bancario y sumó diversos activos, incluyendo un fondo de inversión de 15.7 millones y un seguro de separación de 3 millones de pesos. Además, reportó nueve propiedades y bienes suntuarios por casi seis millones de pesos, aunque solo una de esas casas fue adquirida directamente por él.
No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre la evolución de su patrimonio y posibles operaciones irregulares, ante las inconsistencias entre sus declaraciones fiscales y su estilo de vida en Europa. También se han documentado presuntos vínculos con empresas ligadas a familiares y prestanombres.
Mientras crecen las dudas sobre la legalidad de su fortuna, Peña Nieto ha optado por guardar silencio o negar las acusaciones en redes sociales. Sin embargo, su caso sigue siendo emblema de una pregunta incómoda y vigente en México: ¿hasta dónde puede llegar la rendición de cuentas cuando se trata de los expresidentes del país?
